El sistema judicial de Estados Unidos mantiene actualmente cuatro expedientes bajo reserva relacionados con la estructura delictiva del Cártel de Sinaloa. Estas acusaciones, que aún no han sido reveladas al público, forman parte de un bloque de nueve procesos iniciados desde mediados de 2023, donde se investiga la participación de presuntos operadores, empresarios y exfuncionarios públicos en actividades ilícitas.
De acuerdo con el seguimiento de procesos judiciales en cortes estadounidenses, estas carpetas de investigación podrían involucrar a perfiles de alto nivel, similares a los ya señalados en documentos previos. La apertura de dichos expedientes está supeditada a dos escenarios legales: la ejecución de órdenes de aprehensión contra los señalados o una determinación discrecional del Departamento de Justicia para hacer pública la información.
Hasta el momento, solo una fracción de las investigaciones ha sido expuesta. Entre los casos que ya tienen estado público destaca la acusación que menciona a Rubén Rocha Moya, así como a Enrique Inzunza y Juan de Dios Gámez Mendívil, junto a otros siete exintegrantes de diversas instituciones de seguridad en el estado de Sinaloa.
Las autoridades estadounidenses han imputado diversos delitos a una o más personas en cada una de las nueve acusaciones presentadas en el último año. Aunque no existe una confirmación oficial sobre la identidad de quienes integran los cuatro expedientes reservados, el patrón de las investigaciones previas sugiere un enfoque hacia la red de protección política y operativa de la facción conocida como Los Chapitos.
Para entidades como Querétaro, el desarrollo de estos procesos judiciales en el extranjero es seguido con rigor institucional. Históricamente, la entidad ha mantenido una política de blindaje y coordinación con instancias federales para evitar que las dinámicas de inestabilidad política y criminal observadas en otras regiones impacten la paz social local. La transparencia en los nexos entre autoridades y grupos delictivos a nivel nacional resulta fundamental para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad ciudadana en el Bajío.
En el ámbito nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado gestiones para obtener la información probatoria que sustenta las acusaciones en el país vecino. El objetivo es dar cumplimiento a las peticiones de detención con fines de extradición, aunque hasta la fecha no se ha reportado la recepción completa de dichas evidencias por parte del gobierno mexicano.
Respecto a los exservidores públicos involucrados en las acusaciones ya publicadas, el estatus legal actual presenta los siguientes puntos clave:
- Cinco de los nueve funcionarios citados han comparecido ante las autoridades ministeriales para rendir declaración.
- Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa y militar en retiro, se entregó voluntariamente a inicios de junio.
- Persiste la incertidumbre sobre la situación de Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas, tras reportes no confirmados sobre su detención que no han sido desmentidos oficialmente.
- En el caso de Marco Antonio Almanza, exjefe policial, se aclaró su presencia en Culiacán tras versiones que sugerían su entrega a las autoridades.
El próximo 29 de junio se cumplirán dos meses desde que se formalizaron las primeras peticiones de información técnica por parte del Estado mexicano, un plazo que será determinante para conocer el avance de la cooperación bilateral en materia judicial y el posible desenlace de los expedientes que hoy permanecen sellados en las cortes de Estados Unidos.
