Diversos analistas económicos han emitido alertas sobre la veracidad de los insumos informativos que nutren las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El señalamiento principal apunta a que dependencias federales y organismos públicos podrían estar proporcionando datos que no corresponden a la realidad operativa, con el fin de proyectar una estabilidad financiera y un crecimiento económico superior al existente.
A pesar de que el INEGI mantiene su reputación de autonomía y rigor técnico, su metodología depende de la información entregada por fuentes primarias que el organismo no tiene facultades para auditar directamente. Esta situación ha generado discrepancias significativas en sectores clave como la industria manufacturera, la construcción de obra pública y el desempeño de las actividades gubernamentales.
Uno de los puntos de mayor preocupación reside en el reporte de las actividades de gobierno correspondientes al primer trimestre del año. Según los registros oficiales, este rubro presentó un incremento anual del 10%, una cifra que especialistas califican como atípica. Históricamente, el promedio de crecimiento en esta área apenas roza el 1% anual.
La falta de movimientos excepcionales en las finanzas públicas que justifiquen tal repunte ha puesto en duda la precisión de los datos suministrados. Al ser el mayor incremento registrado desde 1993, la cifra contrasta con la operatividad cotidiana observada en la administración pública federal, sugiriendo un ajuste artificial en los indicadores de valor agregado.
El sector de derivados del petróleo y carbón también presenta irregularidades en sus reportes de productividad. Mientras la industria manufacturera global en México ha enfrentado retos por la caída en la producción de vehículos pesados, los datos de refinación han mostrado crecimientos de dos dígitos que sostienen artificialmente los indicadores industriales.
- Entre 2024 y 2025, la producción física de petrolíferos de Pemex aumentó un 4%, pero el valor reportado al INEGI fue de un 7.6%.
- En el periodo subsecuente, el crecimiento físico fue del 8%, mientras que el incremento en valor agregado se reportó en un 13%.
- Estas variaciones se atribuyen teóricamente a una mayor producción de gasolina frente al combustóleo, aunque no existen registros de cambios tecnológicos en las refinerías que permitan tal optimización en el rendimiento.
La revisión de cifras a posteriori ha revelado que la información sobre las obras de ingeniería civil, particularmente aquellas bajo la administración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), presentaba desfases considerables. En mediciones previas, se reportó un crecimiento récord de más del 170% anual en inversión fija bruta; no obstante, tras las correcciones del INEGI, la cifra real se ajustó a cerca del 70%.
Esta diferencia en los reportes de construcción tuvo un impacto directo en el cálculo de la inversión nacional. Se estima que entre el cierre de 2022 y finales de 2024, existió un sobrerreporte de inversión que asciende a 1.7 billones de pesos. Este monto equivale a más de la mitad del déficit fiscal registrado por el gobierno en dicho periodo, lo que habría influido en la percepción de riesgo por parte de las agencias calificadoras internacionales.
Para un estado como Querétaro, cuya economía depende fuertemente de la certeza estadística para la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) y el desarrollo de clústeres manufactureros, la fiabilidad de los datos nacionales es crucial. La industria aeroespacial y automotriz local se rige por indicadores de competitividad que, de verse afectados por distorsiones en las cifras federales, podrían comprometer la planeación económica regional a largo plazo.
Expertos señalan que la opacidad en los costos y avances de las obras federales no solo afecta la transparencia administrativa, sino que genera una falsa sensación de salud financiera que tarde o temprano impactará en los mercados financieros y en la estabilidad del tipo de cambio, elementos vitales para el ecosistema empresarial queretano.
La entrega de información que no refleja fielmente el estado de las paraestatales y las obras públicas pone en riesgo la calificación crediticia de México. Al presentar indicadores de inversión inflados, se postergaron ajustes necesarios en la política fiscal, lo que podría derivar en una presión económica mayor para la actual administración federal en su relación con los mercados internacionales y los organismos financieros globales.
