El Estado mexicano obtuvo un fallo favorable unánime por parte del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo perteneciente al Banco Mundial, al desecharse una reclamación millonaria interpuesta por la empresa estadounidense Silver Bull Resources. La resolución evita el pago de más de 315 millones de dólares que la firma minera exigía como compensación por presuntas afectaciones a su proyecto en Sierra Mojada, Coahuila.
El conflicto legal se remonta a la adquisición de concesiones mineras por parte de la empresa extranjera entre los años 1996 y 2002. Silver Bull Resources inició el arbitraje bajo el marco del desaparecido Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), argumentando que las autoridades mexicanas habían permitido un bloqueo por parte de una cooperativa minera local, lo que supuestamente impidió el desarrollo de sus actividades comerciales.
Durante el proceso, la defensa técnica de México sostuvo que el tribunal internacional carecía de competencia para evaluar el fondo del asunto, debido a que los hechos reportados por la minera ocurrieron fuera del marco temporal protegido por el TLCAN. Asimismo, se argumentó que el Estado actuó de manera prudente frente a un conflicto social interno, sin promover activamente la interrupción del proyecto.
El laudo emitido el pasado 29 de mayo, y difundido recientemente por las autoridades competentes, determinó que no existen pruebas de que el Estado mexicano fuera responsable de las acciones de los habitantes de la comunidad. Además de desestimar la demanda, el tribunal arbitral dictó las siguientes medidas:
- Absolución total: México no deberá pagar la indemnización de 315 millones de dólares solicitada inicialmente.
- Reembolso de costos: Silver Bull Resources fue condenada a pagar a México una suma relevante por concepto de los gastos legales y administrativos derivados del juicio.
- Certeza jurídica: Se establece un precedente sobre los límites de la responsabilidad estatal ante conflictos entre particulares.
Este fallo se suma a una serie de litigios internacionales que México ha enfrentado en materia de minería y energía. En el caso de Querétaro, entidad con una tradición minera histórica en regiones como la Sierra Gorda y el semidesierto, este tipo de resoluciones refuerzan la importancia de mantener una gestión pública equilibrada entre la inversión extranjera y los derechos de las comunidades locales. Históricamente, el estado ha buscado evitar conflictos de esta magnitud mediante la mediación administrativa antes de escalar a tribunales internacionales.
La defensa jurídica de este caso fue coordinada por la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, en conjunto con firmas especializadas. Actualmente, el documento final del laudo se encuentra en una etapa de revisión para proteger información comercial sensible antes de ser publicado íntegramente por el CIADI.
Con este resultado, se ratifica que los mecanismos de protección de inversiones internacionales requieren que las empresas demuestren fehacientemente la falta de capacidad del Estado para actuar, además de cumplir con los tiempos de reclamación establecidos en los tratados vigentes.
