Los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), correspondientes al primer trimestre de 2026, revelan un fenómeno de contraste en el mercado de trabajo nacional. A pesar de detectarse un dinamismo moderado en la creación de puestos en el sector formal y un incremento en los índices de informalidad, la pobreza laboral en México registró una disminución estadísticamente significativa, situándose en un 30.7%.
Esta cifra representa un descenso de 4.7 puntos porcentuales en comparación con los registros de inicio del actual periodo administrativo, cuando el indicador se ubicaba en 35.4%. En términos demográficos, esta variación implica que aproximadamente 1.4 millones de personas han logrado que sus ingresos por trabajo sean suficientes para adquirir la canasta alimentaria básica para todos los integrantes de sus hogares.
La reducción de la pobreza laboral, en un contexto donde el empleo formal no crece al ritmo esperado, se explica primordialmente por el fortalecimiento de la masa salarial. De acuerdo con los datos técnicos, el ingreso laboral real promedio ha experimentado un incremento del 7.2% durante la presente gestión federal. Este aumento ha impactado de manera diferenciada, pero positiva, en ambos sectores de la economía: un 4.3% en el sector formal y un 12.4% en el informal.
El comportamiento de los salarios mínimos y contractuales, que se han mantenido sistemáticamente por encima de los niveles de inflación, ha permitido que la base trabajadora incremente su capacidad de compra. Este ajuste estructural ha compensado situaciones familiares donde otros miembros del hogar se encuentran en la Población No Económicamente Activa (PNEA) o en situación de desocupación.
Un elemento clave para comprender estas métricas es que el indicador de pobreza laboral se calcula a nivel de hogar. Al dividir los ingresos totales entre el número de habitantes de la vivienda, el aumento sustancial en las percepciones de los proveedores principales eleva el ingreso per cápita familiar, permitiendo que hogares completos superen el umbral de la carencia alimentaria incluso con menos miembros activos en el mercado.
- Crecimiento intensivo: Aunque el volumen de nuevas plazas es limitado, las existentes ofrecen mejores remuneraciones reales.
- Resiliencia de la informalidad: Los ingresos en el sector informal han mostrado tasas competitivas, mitigando la caída de percepciones en periodos de ralentización económica.
- Exclusión de transferencias: Es relevante precisar que este indicador solo contempla ingresos derivados del trabajo, sin incluir remesas o programas de bienestar social.
En el panorama de la región del Bajío, y específicamente en Querétaro, estas tendencias nacionales suelen manifestarse con matices particulares debido a la alta especialización industrial del estado. Históricamente, la entidad ha mantenido niveles de formalidad superiores a la media nacional; sin embargo, el incremento generalizado en los costos de vida en las zonas urbanas de Querétaro exige que la reducción de la pobreza laboral se acompañe de una estabilidad en los precios de los servicios básicos.
Eventos pasados en la entidad, como las revisiones salariales en los sectores automotriz y aeronáutico, han servido como termómetro de esta tendencia, donde la prioridad ha transitado de la simple generación de vacantes hacia la mejora de la calidad salarial. La competitividad del estado depende hoy no solo de la infraestructura, sino de la capacidad de mantener el poder adquisitivo frente a las presiones inflacionarias externas.
El escenario actual describe un mercado laboral que, si bien no se expande extensivamente en número de plazas, sí se fortalece en la calidad de las percepciones económicas. Los datos de la ENOE sugieren que el nivel de vida en los hogares no ha sufrido el deterioro proyectado por algunos sectores analíticos, gracias a la recuperación de la base salarial.
No obstante, especialistas en materia económica coinciden en que el desafío persistente para el Estado mexicano radica en transitar hacia políticas que incentiven la formalización del empleo, asegurando que el incremento en los ingresos se vea respaldado por seguridad social y prestaciones de ley que garanticen la estabilidad de las familias a largo plazo.
