La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno formalizó una serie de sanciones administrativas contra empleados de organismos federales estratégicos, incluyendo a Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Las medidas disciplinarias, que consisten principalmente en suspensiones temporales de 15 a 30 días, responden a faltas clasificadas como no graves, tales como omisiones en el servicio y deficiencias en procesos administrativos.
Dentro de la estructura de Pemex, los órganos internos de control detectaron fallas en los protocolos de entrega-recepción de cargos. Entre los sancionados se encuentra Gabriel P., quien se desempeñaba como jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, con una suspensión de 15 días por no documentar debidamente la salida de su puesto. Asimismo, Lourdes C., coordinadora de la Subgerencia de Medicina Preventiva, recibió una sanción de 30 días por omitir el acta de entrega de un encargo temporal.
En el ámbito de la Secretaría de Salud, se dictaminó la inhabilitación por 30 días para médicos generales y especialistas del Hospital General de México. La resolución indica que el personal omitió la hospitalización de una paciente, situación que derivó en el agravamiento de su condición clínica.
El personal del AIFA también enfrentó medidas correctivas por conductas contrarias a los reglamentos internos. Gibrán C., jefe del Departamento de Mercadotecnia, fue suspendido 15 días tras determinarse faltas de respeto hacia una compañera de trabajo. Adicionalmente, dos técnicos en combustibles recibieron una suspensión de seis días tras verse involucrados en un derrame de hidrocarburos ocurrido el año anterior.
- Pemex: Suspensión de un año para un gerente de la Subdirección de Servicio de Salud, representando la sanción más severa del periodo.
- Banjercito: Amonestación pública a un subdirector de la coordinación de Archivo.
- ISSSTE: Aplicación de medidas administrativas a servidores públicos por omisiones diversas.
Estas acciones de fiscalización se enmarcan en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual rige el comportamiento de los funcionarios en todo el territorio nacional. Para entidades como el estado de Querétaro, el cumplimiento de estas normativas en organismos como Pemex resulta crucial, debido a la interconexión operativa y la importancia estratégica de la infraestructura energética en la región central del país.
La Secretaría Anticorrupción, bajo la gestión de Raquel Buenrostro, precisó que los servidores públicos afectados mantienen a salvo su derecho para impugnar las resoluciones mediante los cauces legales correspondientes. La dependencia reiteró que el objetivo de estas intervenciones es garantizar la rendición de cuentas y corregir las deficiencias en la gestión pública federal.
