En sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura de Querétaro, se aprobó el dictamen de reforma constitucional que traslada la próxima jornada de elección judicial al año 2028. La medida tiene como propósito declarado el fortalecimiento de las estructuras de organización electoral y la optimización de los filtros para la evaluación de quienes aspiren a cargos en el Poder Judicial.
Esta decisión se fundamenta en la necesidad de ajustar los mecanismos operativos tras los resultados de procesos previos. La modificación busca, de acuerdo con el dictamen, simplificar el ejercicio del voto para la ciudadanía y otorgar un margen mayor de certeza jurídica en la integración de los órganos de justicia local.
El diputado Homero Barrera Mcdonald, quien preside la comisión, expuso que la experiencia acumulada en ejercicios anteriores permitió detectar áreas de oportunidad en la logística y en la validación de perfiles. Según el legislador, la programación para 2028 no implica un retroceso en los derechos adquiridos, sino una estrategia para garantizar que el sistema de selección cuente con el rigor técnico necesario.
Por su parte, la representación del Partido Acción Nacional (PAN), a través del diputado Enrique Correa, manifestó su voto en contra de la minuta. El legislador argumentó que la reforma judicial en su conjunto presenta deficiencias en el acceso a la justicia y señaló riesgos de politización en el Poder Judicial. Asimismo, cuestionó la coincidencia de este proceso electoral con la eventual revocación de mandato en 2028 y la falta de mecanismos de transparencia absoluta en los filtros de selección.
En contraste, el diputado Eric Silva Hernández señaló que el proyecto actual incorpora propuestas que habían sido planteadas anteriormente por diversas fuerzas políticas, incluyendo la postergación de la fecha y la aplicación de filtros técnicos más estrictos para los candidatos.
Durante la misma jornada legislativa, los integrantes de la comisión avalaron una adición a las causales de nulidad de las elecciones. A partir de esta reforma, un proceso podrá ser invalidado si se comprueba la intervención de entes extranjeros que afecten la autenticidad de los resultados.
Los supuestos considerados para la nulidad bajo este concepto incluyen:
- Financiamiento ilícito proveniente del exterior.
- Implementación de campañas de desinformación coordinadas fuera del territorio nacional.
- Operaciones digitales orientadas a influir en la voluntad popular desde plataformas externas.
Sobre este punto, se registraron observaciones respecto a si dicha medida podría limitar la cooperación internacional en materia de combate a la delincuencia. No obstante, la mayoría de la comisión sostuvo que el enfoque de la iniciativa es exclusivamente proteger la soberanía nacional en materia de procesos democráticos.
Este movimiento legislativo en Querétaro se inscribe en un proceso de armonización con las disposiciones federales en materia de reforma al Poder Judicial. Históricamente, la entidad ha mantenido una estructura judicial con procesos de designación que ahora transitan hacia el modelo de elección popular, lo que ha generado un intenso debate en el Congreso Local sobre la autonomía de los juzgadores y la eficiencia del servicio público de impartición de justicia.
La minuta aprobada en comisión deberá ser turnada al Pleno de la Legislatura para su discusión y, en su caso, aprobación definitiva por la asamblea estatal.
