La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido recientemente un criterio interpretativo que redefine los alcances de la propiedad ejidal en México, generando un debate sobre la certeza jurídica y la estabilidad de la inversión privada en el sector inmobiliario y agrícola. Esta resolución, derivada de un conflicto en Baja California Sur, abre la puerta a la revisión de títulos de propiedad que datan de finales del siglo XIX bajo el marco constitucional de 1917.
El máximo tribunal del país analizó la disputa entre el Ejido San Vicente de los Planes y la sociedad mercantil Boca de la Salina. En este proceso, una mayoría de ministros determinó que los tribunales agrarios tienen la facultad de estudiar la validez de títulos de propiedad expedidos en 1893, con el objetivo de verificar si cumplen con las disposiciones sociales integradas en la legislación post-revolucionaria.
Esta decisión ha despertado preocupaciones entre especialistas del derecho, quienes advierten que la medida podría colocar en situación de vulnerabilidad jurídica a propietarios de terrenos que originalmente fueron rústicos y que hoy forman parte de zonas urbanas o desarrollos turísticos. El riesgo principal radica en la posibilidad de que comunidades agrarias reclamen derechos sobre colonias fundadas hace décadas, bajo el argumento de que la propiedad nunca se consolidó plenamente frente al núcleo ejidal.
Para comprender la magnitud del conflicto actual, es necesario remitirse al cierre del siglo XIX. Durante el Porfiriato, el acaparamiento de tierras alcanzó niveles críticos, representados por figuras como Enrique Creel Cuilty en Chihuahua, cuya influencia económica abarcaba la banca y los ferrocarriles. Este escenario de desigualdad extrema fue el motor del levantamiento de 1910 y de las demandas sociales de Emiliano Zapata.
El Plan de Ayala y la posterior Constitución de 1917 establecieron la restitución de tierras y la expropiación de latifundios como ejes rectores. Sin embargo, la implementación de estas reformas enfrentó retos estructurales. Si bien el reparto agrario buscaba la justicia social, en la práctica derivó en una atomización de la tierra que, en diversos periodos, limitó la eficiencia de la producción agrícola al priorizar la asignación por carencia de recursos antes que por capacidad técnica de trabajo.
En 1992, el Estado mexicano impulsó una modificación profunda al artículo 27 constitucional. Esta reforma permitió la entrada de capital privado al campo y facultó a los ejidatarios para asociarse con sociedades mercantiles. Este cambio fue fundamental para la integración de México en tratados internacionales como el T-MEC, transformando al sector agroindustrial en un pilar de la economía nacional.
En el caso particular de Querétaro, la seguridad en la tenencia de la tierra ha sido un factor determinante para el crecimiento de sus parques industriales y zonas residenciales. Históricamente, la entidad ha gestionado transiciones de suelo social a privado de manera que se favorezca la inversión; no obstante, nuevos criterios judiciales federales podrían obligar a una revisión local de los procesos de regularización para evitar litigios que comprometan el patrimonio de particulares y empresas.
La reciente resolución de la SCJN ocurre en un momento sensible de revisión de los acuerdos comerciales con Estados Unidos y Canadá. La protección de los intereses de inversores extranjeros es un punto focal en las mesas de negociación. Los expertos señalan que la falta de firmeza en los títulos de propiedad podría ser interpretada como un retroceso en el Estado de Derecho, impactando directamente en la competitividad del país.
La vigencia de normas que otorgan prerrogativas especiales a los comisariados ejidales continúa siendo un tema de análisis. Si bien estos mecanismos se crearon para proteger a los sectores más vulnerables, en la actualidad existe el riesgo de que sean utilizados para fines especulativos, alejándose del espíritu productivo que demandan los tiempos actuales para el campo mexicano.
