Una jueza de control en la Ciudad de México determinó el aplazamiento de la audiencia judicial en la que se definiría la reapertura o el archivo definitivo de la denuncia interpuesta por el exgobernador Javier Corral contra la actual mandataria de Chihuahua, María Eugenia Campos. La decisión se tomó ante la inasistencia de la parte acusadora a la sede judicial.
La nueva fecha para el desahogo de esta diligencia ha sido fijada para el próximo 2 de junio a las 9:45 horas. De acuerdo con la defensa legal de la gobernadora Campos, este nuevo citatorio representa la última oportunidad procesal para que el demandante sostenga sus señalamientos. Los delitos que se buscaba imputar incluyen presunto abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones y privación ilegal de la libertad.
El equipo jurídico de la mandataria chihuahuense precisó que, bajo las normativas vigentes, si el exgobernador no comparece en la siguiente fecha programada, la impugnación perderá su materia jurídica. Esto derivaría en la ratificación del no ejercicio de la acción penal, determinación previamente emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tras las investigaciones iniciales.
Durante el desarrollo de esta jornada judicial, trascendieron detalles sobre intentos previos para modificar la jurisdicción del caso. Según declaraciones de la defensa a las afueras de la Sala de Oralidad Número 8 del Poder Judicial capitalino, existió una solicitud formal por parte de la parte acusadora para trasladar la carpeta de investigación al ámbito federal.
- La petición buscaba que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera el expediente.
- Se señaló específicamente la intención de radicar el caso en la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.
- La autoridad ministerial de la Ciudad de México rechazó de manera oficial este traslado de competencias.
Este conflicto jurídico entre figuras del Poder Ejecutivo estatal refleja la polarización política que ha marcado las transiciones gubernamentales en diversas entidades del país. En el caso de Querétaro, el ecosistema político se ha mantenido vigilante de estos precedentes, ya que la estabilidad institucional y el respeto a los procesos de justicia son pilares que la administración local ha buscado preservar frente a las dinámicas de confrontación observadas en otros estados del norte de la República.
Mientras la gobernadora de Chihuahua ha calificado los procedimientos en su contra como una estrategia de presión, las autoridades de la Ciudad de México sostienen que el proceso actual es estrictamente procedimental, derivado de los recursos de impugnación que la ley otorga a cualquier ciudadano que disienta de una resolución de la Fiscalía.
La resolución del próximo 2 de junio será determinante para concluir si los señalamientos tienen sustento jurídico suficiente para ser judicializados o si, por el contrario, el expediente se cierra de forma definitiva en favor de la administración chihuahuense actual.
