La titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, declinó emitir una postura personal respecto a la reserva en la reforma judicial que abre la posibilidad para que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) extiendan su permanencia en el cargo mediante nuevos procesos electivos. La mandataria sostuvo que la modificación responde estrictamente a facultades del Congreso de la Unión.
La propuesta, impulsada desde la bancada de Morena, sugiere que los actuales integrantes de la Sala Superior puedan participar en las elecciones judiciales programadas para el año 2028. Ante los cuestionamientos sobre una posible contradicción con su agenda de no reelección, Sheinbaum Pardo precisó que no se trata de una permanencia automática, sino de la capacidad de competir nuevamente por el puesto bajo las nuevas reglas de votación popular.
El planteamiento técnico establece que los magistrados no permanecerían de forma ininterrumpida por un periodo de 17 años por decreto, sino que estarían habilitados para postularse en los comicios venideros. De acuerdo con la Presidencia de la República, la regulación de estas campañas y la garantía de equidad en la contienda serán responsabilidades que el Poder Legislativo deberá detallar en las leyes secundarias.
Actualmente, la Sala Superior del TEPJF cuenta con una integración que incluye a figuras clave como Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada presidenta; Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Reyes Rodríguez Mondragón y Claudia Valle Aguilasocho, además de Gilberto de G. Bátiz García. La minuta con estos cambios ya se encuentra en el Senado de la República para su análisis en comisiones y posterior votación en el pleno.
En el ámbito nacional, y con resonancia en los sectores jurídicos de Querétaro, la discusión sobre la carrera judicial ha cobrado relevancia. Organizaciones como la Barra Mexicana de Abogados (BMA) han manifestado que los cambios propuestos podrían omitir soluciones a problemas estructurales de fondo. El sector especializado advierte sobre el riesgo de sustituir un sistema basado en el mérito y la especialización por uno que privilegie factores distintos a la capacidad técnica probada.
En Querétaro, entidad caracterizada por su estabilidad institucional y el respeto al Estado de Derecho, especialistas siguen de cerca estas modificaciones federales, pues impactarán directamente en la certidumbre jurídica de los futuros procesos electorales tanto locales como federales. La crítica principal se centra en la posible pérdida de experiencia acumulada dentro de los órganos jurisdiccionales de alta especialidad.
Tras la recepción del documento en la Cámara Alta, se espera un periodo de deliberación donde se evaluarán las condiciones de elegibilidad para los actuales magistrados. Los puntos clave de la discusión parlamentaria incluyen:
- La regulación de las campañas para cargos judiciales y el uso de recursos públicos.
- La definición de los periodos de transición para los actuales ocupantes de las magistraturas.
- El impacto de la participación de juzgadores en activo dentro de procesos electorales abiertos a la ciudadanía.
La postura oficial del Gobierno Federal se mantiene en que el voto popular será el filtro final que determine la conformación de los tribunales, delegando en los ciudadanos la responsabilidad de evaluar el desempeño previo de quienes busquen la ratificación o permanencia a través de las urnas.
