La organización internacional Human Rights Watch (HRW) informó que la administración de Estados Unidos, encabezada por Donald Trump, ha enviado a 4,353 ciudadanos cubanos a territorio mexicano entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de marzo de 2026. Esta cifra representa más de una tercera parte de los casi 13,000 extranjeros de terceros países que han sido expulsados hacia México bajo los acuerdos actuales entre ambas naciones.
El reporte de la organización advierte sobre una situación de abandono sistemático, donde los migrantes enfrentan la carencia de servicios básicos, vivienda y atención médica tras su arribo a municipios mexicanos. Según el documento, el flujo de deportaciones de ciudadanos de origen cubano bajo la gestión actual supera los 500 casos mensuales, una cifra considerablemente mayor a los registros de la administración previa, que mantenía promedios inferiores a las 100 personas por mes.
La investigación de HRW, basada en entrevistas realizadas en los estados de Chiapas y Tabasco, señala que las autoridades estadounidenses han incurrido en la vulneración del derecho al debido proceso. Se documentó que muchos de los deportados son enviados a México sin documentos de identidad, recursos económicos o pertenencias personales, lo que dificulta su subsistencia inmediata.
Entre los testimonios recabados, los afectados denuncian que la falta de estatus legal en México los coloca en una situación de indefensión frente a la explotación y la violencia. Al no contar con permisos de trabajo ni acceso a programas de refugio eficientes, los migrantes quedan atrapados en ciudades fronterizas con altos índices de criminalidad.
- Más de 18,000 deportaciones totales de terceros países bajo la administración Trump.
- México ha recibido cerca del 70 por ciento de estas expulsiones.
- Muchos de los afectados residieron por décadas en Estados Unidos antes de su remoción.
Alcira Silva Hava, autora del informe, destacó que fuera del sistema de refugio convencional, el Gobierno mexicano no ofrece rutas claras para la regularización de estas personas. Esta omisión, señala HRW, incrementa el riesgo de que los deportados sean víctimas de organizaciones delictivas que operan en las rutas migratorias.
El informe subraya una contradicción en la política exterior estadounidense: mientras se ejerce una presión diplomática y legal rigurosa contra el gobierno de la isla, las políticas de migración afectan directamente a los ciudadanos que huyeron de ese sistema, enviándolos a un tercer país sin garantías de seguridad.
El incremento en las deportaciones de terceros países hacia México tiene repercusiones directas en estados del centro del país como Querétaro. Históricamente, la entidad ha servido como punto de tránsito y, paulatinamente, como lugar de asentamiento para migrantes que buscan regularizar su situación ante la imposibilidad de retornar a sus países de origen o reingresar a Estados Unidos.
Organizaciones civiles en el Bajío han advertido previamente que la saturación de los albergues en la frontera sur y norte genera un efecto dominó que presiona los servicios de asistencia social en el centro de la República. El manejo de estos flujos migratorios bajo acuerdos binacionales, cuyos detalles operativos no han sido plenamente transparentados, continúa siendo un reto para la infraestructura de derechos humanos en el país.
