La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) manifestó su postura crítica frente al reciente lanzamiento del Programa Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización de Maíz Blanco, denominado Precio Justo. La organización advirtió que la estrategia implementada por el Gobierno de México posee alcances limitados que podrían marginar a la mayoría de los productores del grano básico en el país.
Álvaro López Ríos, secretario general de la UNTA, señaló mediante un comunicado que el mecanismo anunciado no establece un precio de garantía sólido para el maíz blanco. Según el dirigente, la medida traslada la responsabilidad de la fijación de precios a los acopiadores y grandes compradores, lo que, desde su perspectiva, vulnera la estabilidad económica de quienes trabajan el campo.
El esquema de Precio Justo fue formalizado en días pasados por la administración federal en conjunto con empresas comercializadoras e industriales. El objetivo central planteado por el Ejecutivo es estabilizar el mercado del maíz nacional, reducir la dependencia de las importaciones y evitar incrementos desmedidos en el costo de la tortilla.
La operatividad del programa se basa en los siguientes puntos clave:
- Establecimiento de compras anticipadas mediante contratos voluntarios.
- Participación de aproximadamente 80 empresas nacionales y extranjeras.
- Compromiso de compra prioritaria de producción local antes de recurrir al mercado externo.
- Fortalecimiento de la autosuficiencia alimentaria para pequeños y medianos productores.
Pese a las metas gubernamentales, la UNTA sostiene que existe una brecha significativa entre las necesidades del sector y la cobertura real de la política. De acuerdo con los datos de la organización, en México operan cerca de 2.5 millones de pequeños y medianos productores de maíz, mientras que las acciones del programa para el ciclo actual estarían dirigidas únicamente a unos 61 mil agricultores.
Esta diferencia estadística es uno de los puntos centrales de la crítica, pues se argumenta que el grueso de la población agrícola queda fuera de los beneficios de comercialización directa. Además, se alertó sobre el deterioro de la superficie cultivable; tan solo en el Estado de México se reporta la pérdida de 15 mil hectáreas destinadas a este grano debido a factores climáticos y falta de incentivos.
La situación del campo en el centro del país, incluyendo estados como Querétaro y sus zonas colindantes, ha estado marcada en los últimos años por la irregularidad de los ciclos de lluvia y la fluctuación de los precios de los insumos. En la región del Bajío, la producción de granos es un pilar de la economía local, y cualquier modificación en los esquemas de precios federales impacta directamente en la cadena de suministro agroindustrial de la zona.
A nivel nacional, la preocupación se extiende a la soberanía alimentaria. La UNTA refiere que la dependencia de alimentos importados ha escalado del 46 por ciento en 2018 a cifras cercanas al 75 por ciento en la actualidad. Durante el primer cuatrimestre del año, las importaciones de maíz rompieron récords históricos al superar los cuatro millones de toneladas.
Este debate ocurre en un periodo de tensiones persistentes con sectores agrícolas de diversas entidades, como Sinaloa, donde productores han mantenido movilizaciones para exigir mecanismos de comercialización que aseguren la rentabilidad frente a los costos de producción actuales.
