El gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán para rendir declaración ante el Ministerio Público Federal. La comparecencia responde a los requerimientos de la autoridad ministerial tras los señalamientos realizados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que vinculan a funcionarios estatales con presuntas operaciones de grupos delictivos.
La diligencia judicial se deriva de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York el pasado 29 de abril. En dicho expediente, las autoridades estadounidenses sostienen que diversos servidores públicos habrían establecido acuerdos con liderazgos del Cártel de Sinaloa con el objetivo de facilitar el tránsito de sustancias ilícitas hacia el país vecino a cambio de presuntos beneficios políticos.
Ante estas imputaciones, la FGR inició una carpeta de investigación en territorio mexicano, citando a una decena de personas para integrar los elementos de prueba necesarios. Rocha Moya afirmó haber respondido a los cuestionamientos de la representación social y manifestó su disposición para atender futuros llamados de la autoridad investigadora, bajo el argumento de respeto al Estado de derecho.
Este proceso federal ocurre en un momento donde la coordinación entre estados y la Federación es prioritaria para la seguridad nacional. En Querétaro, la administración estatal ha mantenido una postura de colaboración institucional y fortalecimiento de las fiscalías locales para evitar el impacto de dinámicas delictivas externas. El seguimiento de estos casos es clave para la estabilidad regional, dado que el blindaje de las zonas del Bajío depende, en gran medida, de la transparencia y legitimidad de las instituciones de seguridad en el resto del país.
Además del gobernador con licencia, otros perfiles de la administración sinaloense se han presentado ante la autoridad federal. Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal general de Sinaloa con licencia, también acudió a la sede ministerial, donde rechazó las acusaciones y señaló que esperará la resolución de la carpeta de investigación.
La lista de personas referidas por la justicia estadounidense y que son objeto de interés para la FGR incluye a:
- Enrique Inzunza Cázares, senador.
- Enrique Díaz Vega, exsecretario estatal.
- Dámaso Castro Saavedra, funcionario de la Fiscalía local.
- Gerardo Mérida Sánchez, encargado de seguridad.
- Juan de Dios Gámez Mendívil y otros mandos operativos.
La Fiscalía General de la República informó que continuará con las entrevistas y la recopilación de datos de manera exhaustiva para determinar si existen responsabilidades penales conforme a la legislación mexicana, independientemente de los procesos que se sigan en cortes extranjeras.
