La dirigencia del partido Morena en el estado de Nuevo León formalizó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda y su esposa, Mariana Rodríguez Cantú. La acusación señala la presunta implementación de un esquema de triangulación de recursos públicos que involucra fondos estatales y federales.
Anabel Alcocer, presidenta estatal de Morena en dicha entidad, acudió a las instalaciones centrales de la fiscalía federal para entregar la documentación que sustentaría el posible desvío de aproximadamente mil millones de pesos. El señalamiento apunta a que el capital habría sido movilizado a través de diversos proveedores gubernamentales con destino final en despachos vinculados al entorno familiar del mandatario.
De acuerdo con la narrativa presentada en la denuncia, el mecanismo operativo consistía en la dispersión de pagos desde dependencias del Gobierno de Nuevo León y organismos descentralizados hacia empresas proveedoras con contratos vigentes. Posteriormente, estos recursos habrían transitado por una red de compañías privadas hasta concentrarse en la firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C., donde el padre del gobernador, Samuel Orlando García Mascorro, figura como socio.
La investigación solicitada por la fuerza política sugiere que, una vez en el despacho jurídico, los fondos fueron distribuidos nuevamente hacia otras entidades mercantiles, destacando la empresa Saga Tierras y Bienes Inmuebles. Según la denuncia, desde esta última se habrían realizado transferencias hacia el extranjero, específicamente hacia Estados Unidos, con el presunto fin de dificultar la trazabilidad financiera de los activos.
Este procedimiento legal se enmarca en un periodo de intenso escrutinio sobre el manejo de recursos públicos en las entidades federativas. En el caso de Querétaro, la vigilancia sobre la asignación de contratos y la transparencia en el gasto público ha sido una demanda constante de la ciudadanía y organismos de fiscalización, quienes subrayan la importancia de que los proveedores estatales mantengan padrones actualizados y libres de conflictos de interés para evitar esquemas similares de triangulación.
Cuestionada sobre este proceso judicial, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó una postura de neutralidad institucional durante su conferencia de prensa. La mandataria señaló que cualquier servidor público, independientemente de su filiación partidista, debe someterse a los procesos de investigación correspondientes si existen indicios de irregularidades.
- La denuncia involucra el uso de recursos de origen federal y estatal.
- Se señala la participación de despachos jurídicos familiares como receptores de fondos.
- El monto bajo investigación asciende a los mil millones de pesos.
- Se solicita a la FGR indagar el flujo de capitales hacia cuentas bancarias internacionales.
Hasta el momento, la administración estatal de Nuevo León no ha emitido un posicionamiento oficial técnico que desvanezca las acusaciones presentadas ante la autoridad ministerial federal, mientras que la FGR deberá determinar si existen elementos suficientes para iniciar una carpeta de investigación formal por delitos relacionados con hechos de corrupción.
