La titular del Ejecutivo en Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, confirmó que asistirá este miércoles 26 de mayo a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para atender un requerimiento de la autoridad federal. La decisión de comparecer se toma en un entorno de cuestionamientos técnicos por parte de su equipo jurídico, quienes señalan inconsistencias en el documento emitido por la dependencia.
Roberto Gil Zuarth, abogado defensor de la mandataria, calificó el citatorio como una pieza jurídica ambigua e incongruente. Según la defensa, el documento presenta una contradicción de fondo al convocar a la gobernadora bajo la calidad de testigo, pero fundamentando el acto en artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales que corresponden estrictamente a personas imputadas.
La defensa legal subrayó que la solicitud de comparecencia no especifica los hechos que se investigan, limitándose a una formulación abstracta. Además, se cuestionó la logística de la FGR al citar a la funcionaria en Ciudad Juárez, en lugar de realizar el procedimiento en la capital del estado o en la Ciudad de México, donde radican las áreas centrales de la Fiscalía.
- Inconsistencia en la calidad jurídica: El citatorio mezcla figuras de testigo e imputado.
- Falta de precisión: No se detallan los expedientes o hechos específicos de la indagatoria.
- Sede inusual: La cita se programó en una ubicación distinta a donde se integra la carpeta de investigación.
Ante la posibilidad de un riesgo procesal pese al fuero constitucional que protege a la gobernadora, Gil Zuarth indicó que se han analizado diversos escenarios legales. El abogado argumentó que, ante lo que perciben como un debilitamiento de las formas institucionales, la estrategia se centrará en la transparencia y en encarar el requerimiento de manera directa.
Este tipo de tensiones entre mandatarios estatales y la federación suelen ser seguidas con atención en entidades como Querétaro, donde la colaboración institucional se ha mantenido bajo marcos de estricta legalidad y respeto a las competencias concurrentes. En el panorama nacional, el caso de Chihuahua resalta por la controversia sobre si los canales de comunicación administrativa, como las solicitudes de información por escrito, fueron agotados antes de proceder al citatorio presencial.
La administración de Chihuahua ha defendido que siempre ha existido disposición para colaborar con el Consejo de Seguridad Nacional y otras instancias federales. De acuerdo con las declaraciones de la defensa, el estado ha entregado los informes solicitados en tiempo y forma, por lo que consideran innecesario el formato de la actual convocatoria.
Respecto a versiones que vinculan este procedimiento con investigaciones sobre actividades ilícitas relacionadas con laboratorios clandestinos, la representación legal de Maru Campos fue enfática en desmentir tales nexos dentro del expediente oficial. Sostuvieron que el citatorio no menciona dichos eventos y que cualquier vinculación de esa naturaleza responde a boletines informativos externos y no al contenido real de la carpeta.
Finalmente, se reiteró que la gobernadora acudirá con el objetivo de dar cumplimiento a lo que establece la ley, buscando que el proceso se mantenga dentro de los cauces de la ética pública y la transparencia, evitando que la justicia sea utilizada como una herramienta de presión política.
