Durante el pasado mes de abril de 2026, la Fiscalía General del Estado de Querétaro registró el inicio de 4 mil 731 carpetas de investigación, de acuerdo con el balance operativo mensual emitido por la institución. El reporte detalla una tasa de resolución del 93.38 por ciento en la integración de dichos expedientes, marcando el ritmo de la actividad ministerial en la entidad.
En el ámbito de la impartición de justicia, el sistema judicial estatal desahogó mil 281 audiencias durante el periodo referido. Como consecuencia de estos procedimientos, se dictaron 145 sentencias condenatorias, lo que representa una eficacia superior al 97 por ciento en la etapa de juicio. En términos de sanciones privativas de la libertad, las penas acumuladas sumaron un total de 559 años, 3 meses y 10 días de prisión.
Un aspecto central del reporte es la restitución de derechos a las víctimas. Por concepto de reparación del daño, se alcanzó un monto superior a los 104 millones de pesos. Adicionalmente, se ejecutaron cuatro órdenes judiciales para la inmovilización de cuentas bancarias, asegurando 6 millones 597 mil pesos destinados a garantizar el pago de daños en procesos penales específicos.
La actividad operativa de la Policía de Investigación del Delito y los Servicios Periciales derivó en la ejecución de 197 cateos, autorizados previamente por jueces de control, con un índice de legalidad y eficacia del 97.52 por ciento. En cuanto a las detenciones realizadas, se calificaron como legales 341 aseguramientos, lo que equivale a un cumplimiento del 95.52 por ciento en los estándares procesales.
- Vinculaciones a proceso: 476 casos alcanzaron esta etapa procesal.
- Eficacia ministerial: 93.52 por ciento en la judicialización de las investigaciones.
- Monto recuperado: Más de 110 millones de pesos entre reparaciones directas y cuentas inmovilizadas.
Estas métricas se presentan en un contexto donde el estado de Querétaro ha buscado mantener indicadores de eficiencia por encima de la media nacional. Históricamente, la entidad ha destacado en mediciones de organismos civiles por su capacidad de judicialización y el cumplimiento de órdenes de aprehensión, elementos que forman parte de la estrategia de seguridad y justicia vigente en el sexenio actual.
La operatividad reportada en abril de 2026 se fundamenta en la coordinación entre los cuerpos periciales y de investigación bajo el esquema de trabajo institucional que busca reducir la impunidad mediante el rigor técnico en la integración de cada caso presentado ante el Poder Judicial.
