La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, comparecerá ante la Fiscalía General de la República (FGR) el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas. El requerimiento ministerial se da en el marco de las investigaciones por el deceso de dos elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en territorio chihuahuense.
Santiago de la Peña, secretario de Gobierno de dicha entidad, confirmó que la mandataria estatal atenderá el citatorio, probablemente de manera personal en Ciudad Juárez. El funcionario indicó que el equipo jurídico del estado se encuentra analizando si la declaración se realizará mediante comparecencia física o a través de un informe por escrito, amparándose en los términos que establece la ley para servidores públicos con fuero constitucional.
El anuncio de la comparecencia ha generado controversia técnica debido a la inmunidad procesal que ostenta la titular del Ejecutivo estatal. De acuerdo con la representación del Gobierno de Chihuahua, aunque el fuero protege a la mandataria de una detención inmediata y le otorga prerrogativas procesales, se ha decidido atender el llamado de la autoridad federal para dar curso a las indagatorias.
No obstante, la administración estatal ha señalado presuntas anomalías en los tiempos de notificación, al recibirse el documento en un día inhábil. El secretario de Gobierno subrayó que esta no es la primera vez que la administración enfrenta procedimientos que califican como presiones externas en el ámbito judicial federal.
Por su parte, Roberto Gil Zuarth, integrante del equipo legal de la gobernadora, adelantó que presentarán una denuncia penal en contra de los responsables de iniciar este proceso. El argumento central de la defensa radica en que la FGR abrió un procedimiento penal contra una funcionaria con fuero sin haber solicitado previamente el juicio de procedencia ante el Congreso.
La defensa técnica ha puntualizado que el citatorio presenta las siguientes inconsistencias:
- Ausencia de un cuestionario o solicitud de información específica en el documento oficial.
- Violación al procedimiento constitucional requerido para investigar penalmente a una gobernadora en funciones.
- Contradicciones en la fundamentación jurídica del Ministerio Público Federal.
Este caso se sitúa en un momento de alta tensión en la relación entre los estados y la Federación respecto a la procuración de justicia y la seguridad fronteriza. En Querétaro, este tipo de procesos se observan con atención institucional, dado que el estado ha mantenido una postura de estricto apego al federalismo y al respeto de las facultades locales ante intervenciones de órganos centrales.
Históricamente, los conflictos competenciales entre la FGR y los gobiernos estatales en México han marcado precedentes sobre el alcance de la autonomía estatal. La resolución de este proceso en Ciudad Juárez definirá nuevos criterios sobre cómo se gestionan investigaciones de alto impacto internacional que involucran a agencias extranjeras en suelo mexicano.
Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha emitido una postura oficial sobre la denuncia que planea interponer la defensa de Campos Galván, limitándose a mantener el expediente en la fase de integración de pruebas por los hechos ocurridos en la zona norte del país.
