La dirigencia del partido Morena en el estado de Sonora determinó la remoción inmediata de Blanca Diva Ponce Caro de sus funciones dentro de la estructura partidista. La decisión se tomó tras la controversia pública generada por su doble desempeño como jueza penal en funciones y secretaria ejecutiva de un comité seccional en Ciudad Obregón, situación que contraviene los marcos legales de imparcialidad.
Tras el anuncio de su separación del cargo político, Ponce Caro presentó también su renuncia irrevocable como jueza oral penal del Circuito 2. El Comité Ejecutivo Estatal de la fuerza política informó que se iniciará el proceso administrativo para dar de baja a la exjuzgadora de su padrón de militantes ante las autoridades electorales, buscando disipar los cuestionamientos sobre la autonomía del Poder Judicial en la entidad.
El punto central de la polémica radica en el Artículo 123 de la Constitución Política del Estado de Sonora. Dicha normativa prohíbe de manera explícita que los jueces en activo desempeñen empleos, cargos o comisiones, ya sean gubernamentales o particulares, mientras se encuentren en el ejercicio de su función jurisdiccional.
Analistas jurídicos señalaron que la asunción de tareas de organización territorial y movilización partidista por parte de una integrante de la judicatura vulnera los principios de independencia judicial. Aunque la representación partidista argumentó inicialmente que los cargos en comités seccionales no perciben remuneración, finalmente reconoció la incompatibilidad técnica y ética de que una impartidora de justicia mantuviera una militancia activa y una posición de dirigencia local.
A través de una misiva pública, Blanca Diva Ponce Caro justificó su salida del Poder Judicial como una medida para frenar los señalamientos en contra de su trayectoria. En el documento, la ahora exfuncionaria manifestó que su retiro busca privilegiar el respeto a la legalidad y la confianza de la ciudadanía en las instituciones de justicia.
Este episodio ha intensificado el debate nacional sobre la implementación de la reciente reforma al Poder Judicial. Diversos sectores de la sociedad civil y observadores legales han expresado preocupación sobre la posible pérdida de neutralidad si los mecanismos de selección de jueces permiten una cercanía orgánica con estructuras de partidos políticos.
El caso de Sonora resuena con discusiones similares en otras entidades, incluido Querétaro, donde organizaciones civiles y el propio foro de abogados han subrayado la importancia de salvaguardar la carrera judicial frente a procesos de politización. En territorio queretano, la discusión sobre la reforma judicial ha estado marcada por un llamado constante a mantener criterios técnicos y de servicio profesional de carrera, evitando que la administración de justicia se vea influenciada por agendas de partido.
La resolución de este conflicto administrativo y constitucional destaca la vigilancia ciudadana sobre los perfiles que integran el sistema de justicia. Los puntos clave de este suceso incluyen:
- Cumplimiento estricto de las restricciones constitucionales para servidores públicos del Poder Judicial.
- Separación de funciones entre la militancia partidista y la impartición de sentencias penales.
- Necesidad de mecanismos de transparencia en los padrones de partidos políticos frente a cargos públicos de alta sensibilidad.
Con la renuncia a la judicatura y la baja definitiva de las filas de Morena, el caso cierra un capítulo de tensión institucional en Sonora, dejando un precedente sobre los límites de la participación política para quienes tienen la responsabilidad de aplicar la ley.
