El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concretó un convenio gubernamental que impide al Servicio de Impuestos Internos (IRS) efectuar auditorías o indagatorias futuras en torno a los movimientos financieros previos de su familia y corporativos.
El acuerdo, difundido por el Departamento de Justicia y avalado por el fiscal general interino, Todd Blanche, decreta un veto definitivo para que el organismo tributario fiscalice los ingresos de los Trump correspondientes a períodos anteriores a la firma del documento. Esta medida se desglosa de una resolución extrajudicial encaminada a dirimir los litigios que el mandatario y sus descendientes promovieron tras la difusión no autorizada de sus registros impositivos.
El pacto legal contempla adicionalmente la habilitación de un fondo económico por mil 800 millones de dólares para resarcir a quienes la administración califique como afectados por un uso faccioso del aparato de justicia norteamericano. El origen de la pugna jurídica se remonta al inicio de este año, cuando el jefe del Ejecutivo estadounidense y sus hijos menores demandaron formalmente a la autoridad tributaria por la filtración de sus carpetas confidenciales a la prensa.
La inconformidad del entorno presidencial se fundamentó en las coberturas informativas de diversos rotativos que evidenciaron los mínimos pagos de contribuciones federales del magnate, destacando que en períodos fiscales como 2016 y 2017 sus abonos apenas rondaron los 750 dólares anuales. Las publicaciones también revelaron pérdidas contables en las firmas del mandatario que justificaron la ausencia de aportaciones hacendarias en más de una década.
