El Poder Ejecutivo Federal formalizó este miércoles ante el Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional que busca reprogramar la segunda fase de la elección de jueces, magistrados y ministros. La propuesta plantea diferir la jornada electoral prevista originalmente para 2027, trasladándola al 4 de junio de 2028, con el fin de ajustar los mecanismos de selección y evitar la saturación del sistema electoral.
La entrega del documento estuvo a cargo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde. De acuerdo con la argumentación oficial, el cambio de fecha responde a la complejidad logística que representaría realizar estos comicios de manera simultánea con las elecciones intermedias de 2027, donde se renovarán la Cámara de Diputados y diversos cargos locales en 17 entidades federativas.
La iniciativa no solo contempla una modificación en el calendario, sino que introduce cambios estructurales en la depuración de los aspirantes. Uno de los puntos centrales es la creación de una comisión coordinadora, la cual estará integrada por representantes de los comités de evaluación de los tres Poderes de la Unión. Este órgano tendrá la responsabilidad de validar el cumplimiento de los requisitos legales y establecer los criterios técnicos de idoneidad.
Para reducir la complejidad de las boletas electorales —una de las principales críticas tras el proceso de junio de 2025—, el proyecto propone los siguientes ajustes:
- Reducción del número de aspirantes en las listas finales a cuatro personas por cada cargo en disputa.
- Implementación de un sistema de sorteo para definir a los dos candidatos finales por especialidad y cargo.
- Establecimiento de mecanismos de verificación de perfiles a través de la nueva comisión coordinadora.
Esta propuesta surge tras el primer ejercicio de elección popular de juzgadores en México, realizado el 2 de junio de 2025, el cual registró una participación ciudadana del 13 por ciento. En dicho proceso, se renovaron aproximadamente 2,600 cargos federales y locales. En el caso de Querétaro, el Poder Judicial del Estado ha mantenido un seguimiento puntual a las implicaciones de la reforma federal, subrayando la importancia de preservar la estabilidad institucional y la experiencia técnica en la impartición de justicia local.
La intención del Gobierno Federal de separar la elección judicial de la política partidista en 2027 busca, según la exposición de motivos, que el electorado no tenga que acudir a diferentes tipos de centros de votación en una misma jornada, lo que podría desincentivar la participación o confundir el sentido del sufragio especializado.
Por su parte, sectores del gremio judicial han manifestado posturas críticas ante este nuevo ajuste. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) señaló que la propuesta de aplazamiento y la simplificación de las boletas evidencian deficiencias en el diseño original de la reforma impulsada en el periodo anterior. Según la asociación, estas medidas no resuelven de fondo las inquietudes sobre la independencia de los juzgadores electos.
Si el Congreso de la Unión —donde existe una mayoría afín al oficialismo— aprueba esta iniciativa, la elección judicial de 2028 coincidiría temporalmente con el proceso de revocación de mandato presidencial. El debate legislativo iniciará en las comisiones del Senado en los próximos días, donde se analizarán los alcances de postergar la renovación de los restantes 800 cargos federales y cerca de 2,800 puestos en las judicaturas estatales.
