El Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, anunció este miércoles una serie de sanciones financieras contra dos estructuras operativas del Cártel de Sinaloa. Las acciones legales se centran en individuos y empresas señaladas por coordinar el tráfico de fentanilo hacia el norte y el blanqueo de capitales mediante el uso de activos digitales y negocios legítimos en territorio mexicano.
De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades estadounidenses, estas redes operaban como piezas fundamentales en el engranaje financiero de la organización criminal. El esquema identificado consistía en la recolección de dinero en efectivo derivado de la venta de narcóticos en ciudades estadounidenses, el cual era convertido posteriormente en criptomonedas para facilitar su transferencia a México, eludiendo los controles bancarios tradicionales.
La primera de las redes sancionadas es atribuida a Armando de Jesús Ojeda Avilés, quien es identificado como el encargado de supervisar la logística de recolección de divisas. Junto a él, se emitieron restricciones contra Jesús Alonso Aispuro Félix, señalado como operador técnico en transacciones con criptoactivos, y Rodrigo Alarcón Palomares, sobre quien pesa una acusación formal por lavado de dinero en cortes estadounidenses.
La administración federal de Estados Unidos también puso bajo la lupa a figuras empresariales que presuntamente servían como fachadas para la organización. Entre ellos destaca Alfredo Orozco Romero, vinculado a empresas como el Grupo Especial Mamba Negra y el establecimiento de alimentos Gorditas Chiwas, ubicado en Chihuahua. Según las investigaciones, estas unidades de negocio eran controladas a través de familiares cercanos para dispersar los recursos ilícitos.
Por otro lado, se identificó una segunda estructura liderada por Jesús González Peñuelas. Este grupo es responsabilizado por la distribución a gran escala de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo, consolidando rutas de trasiego que alimentan la crisis de salud pública en el país vecino.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en su lista negra a los siguientes individuos:
- Armando de Jesús Ojeda Avilés.
- Jesús Alonso Aispuro Félix.
- Rodrigo Alarcón Palomares.
- Alfredo Orozco Romero.
- Amalia Margarita Romero Moreno.
- Liliana Orozco Romero.
- Castulo Bojórquez Chaparro.
- Fredi Ismael García Sandoval.
- Luis Arnulfo Moreno Zamora.
- Baltazar Saenz Aguilar.
- Noé de Jesús Castro Rocha.
- Jesús González.
En respuesta a la medida internacional, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México confirmó el inicio de un análisis exhaustivo sobre los 12 individuos y las dos entidades legales mencionadas. El organismo mexicano informó que se realizan cruces de información financiera, fiscal y corporativa para detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro del sistema nacional.
La dependencia federal subrayó que estas acciones forman parte de los mecanismos de cooperación internacional destinados a debilitar el brazo económico del crimen organizado, específicamente en lo que respecta al comercio de sustancias sintéticas de alta peligrosidad.
En el estado de Querétaro, la vigilancia sobre los flujos de capital y el establecimiento de empresas foráneas se ha mantenido como una prioridad para las autoridades locales y federales, debido a la conectividad logística de la entidad. Históricamente, la región ha implementado protocolos de verificación para evitar que el crecimiento industrial sea aprovechado por redes de lavado de dinero similares a las desarticuladas hoy en el norte del país.
El fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína, ha generado una alerta sanitaria global. Su fabricación y venta ilegal son actualmente el principal foco de fricción y colaboración en la agenda de seguridad entre México y Estados Unidos, dado el incremento en las cifras de decesos por sobredosis asociadas a esta sustancia.
