La discusión legislativa sobre la nueva Ley de Agua en Querétaro avanzó hacia temas críticos de economía social y fiscalización. Durante la tercera mesa del Parlamento Abierto, denominada Costos, tarifas y participación ciudadana, representantes de comunidades indígenas, académicos y organizaciones civiles presentaron propuestas para modificar el esquema de cobros y fortalecer la vigilancia social en la gestión del recurso hídrico.
El encuentro, moderado por la investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Diana Olvera Robles, se centró en la necesidad de establecer un marco legal que garantice el derecho humano al agua por encima de criterios mercantiles. En este espacio, integrantes de las comunidades de Santiago Mexquititlán, en Amealco, y La Esperanza, en Colón, expusieron las carencias de infraestructura y los elevados costos de conexión que enfrentan las zonas rurales y pueblos originarios.
Uno de los ejes principales de la mesa técnica fue la redefinición del sistema tarifario. Los panelistas coincidieron en que la iniciativa debe clarificar la legalidad de los cobros y evitar la discrecionalidad. Entre las propuestas destacadas se encuentra la implementación de un mínimo vital gratuito, consistente en 10 metros cúbicos mensuales subsidiados al 100 por ciento para sectores vulnerables.
Asimismo, se planteó el principio de progresividad: un esquema donde el costo por metro cúbico aumente proporcionalmente al volumen de consumo, con el fin de desincentivar el desperdicio en sectores industriales o residenciales de alto nivel adquisitivo. En cuanto a las zonas indígenas, se solicitó específicamente la reducción de los costos de contratación y conexión, bajo el argumento de que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso al líquido de manera equitativa.
El segundo bloque de la jornada analizó la figura del Consejo Ciudadano del Agua prevista en el proyecto de ley. Las organizaciones defensoras de derechos humanos y especialistas ambientales advirtieron que este órgano no debe ser meramente consultivo, sino que requiere facultades de fiscalización y vigilancia real sobre las decisiones de la Comisión Estatal de Aguas (CEA).
Para fortalecer este mecanismo, se propusieron los siguientes puntos:
- Descentralización: Eliminar la sobrerrepresentación de la zona metropolitana de Querétaro para integrar a representantes de los municipios con mayor rezago hídrico.
- Representatividad: Garantizar la paridad de género y la inclusión obligatoria de portavoces de los pueblos indígenas.
- Profesionalización: Exigir que tanto los consejeros ciudadanos como los directivos de la CEA posean un perfil técnico y académico comprobable en gestión hídrica.
- Vinculatoriedad: Asegurar que las recomendaciones del consejo tengan un peso legal en la toma de decisiones presupuestales y operativas.
Este proceso de consulta ocurre en un contexto de persistente debate social en la entidad. Cabe recordar que, desde la aprobación de la ley hídrica en 2022, diversos colectivos han manifestado su preocupación por la posible privatización de los servicios y el manejo de concesiones a particulares. Estos parlamentos abiertos buscan mitigar la polarización y recolectar perspectivas que no fueron incluidas en legislaturas previas, en un estado donde el estrés hídrico y el crecimiento poblacional presionan cada vez más las fuentes de abastecimiento.
La mesa de trabajo contó con la presencia de diputados locales y federales, así como autoridades municipales, quienes escucharon los diagnósticos técnicos de representantes de organizaciones como Awita Vida y Territorio, Política Colectiva, y el colectivo Agua para todxs, Agua para la vida. También aportaron su perspectiva académicos de la UAQ y consultores en finanzas públicas, quienes enfatizaron que cualquier ley de agua debe alejarse de un modelo antropocéntrico para considerar la salud de los ecosistemas y las cuencas.
Los resultados de estas mesas de análisis serán integrados al dictamen que las comisiones unidas de la Agenda 2030, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente presentarán ante el pleno de la Legislatura para su eventual votación.
