Un juez de control dictó una sentencia de seis años de prisión contra un hombre identificado como Carlos Sergio “N”, tras acreditarse su responsabilidad en el robo de dos vehículos de motor dentro de un centro comercial ubicado en la capital de Querétaro. La resolución judicial se obtuvo mediante un procedimiento abreviado luego de que el imputado aceptara su participación en los hechos.
De acuerdo con las indagatorias presentadas ante la autoridad judicial, el primer ilícito ocurrió el 13 de abril de 2024. El ahora sentenciado ingresó a la plaza comercial Puerta La Victoria a bordo de una motoneta; posteriormente, se dirigió al estacionamiento subterráneo donde seleccionó una camioneta, manipuló sus mecanismos de seguridad y logró encenderla para abandonar el lugar conduciendo la unidad sustraída.
El segundo evento delictivo se registró el 27 de julio del mismo año. Carlos Sergio “N” acudió nuevamente al mismo complejo comercial y aplicó el mismo método para sustraer un segundo vehículo. En ambos casos, las víctimas presentaron las denuncias correspondientes, lo que dio inicio a las carpetas de investigación por el delito de robo calificado.
La recopilación de testimonios, el análisis de cámaras de vigilancia y los informes de la Policía de Investigación del Delito permitieron establecer la identidad del responsable. Durante la audiencia, la autoridad determinó las siguientes sanciones:
- Pena privativa de la libertad de tres años por cada robo cometido, sumando un total de seis años de cárcel.
- Pago económico por concepto de reparación del daño a las víctimas.
- Imposición de una multa y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.
- Amonestación privada y negativa de cualquier beneficio sustitutivo de la pena.
El robo de vehículos en estacionamientos de plazas comerciales ha sido un tema de atención constante para las autoridades de seguridad en Querétaro. Eventos previos en zonas de alta afluencia como la Avenida Constituyentes han derivado en el fortalecimiento de los protocolos de vigilancia privada y la interconexión de sistemas de videovigilancia con las centrales de mando policial para reducir los tiempos de respuesta ante este tipo de delitos patrimoniales.
Con esta sentencia, se concluye el proceso penal contra el individuo, quien deberá cumplir la totalidad de su condena en el centro de reinserción social correspondiente, marcando un antecedente sobre la persecución de delitos cometidos en áreas de uso público concesionado.
