La contratación de seguros de gastos médicos mayores en México ha dejado de ser una simple medida de previsión para convertirse en un complejo desafío financiero. Ante las deficiencias en el sistema de salud pública, miles de ciudadanos recurren al sector privado buscando certeza, aunque se encuentran con un entorno de costos crecientes y reglas de operación que no siempre resultan claras para el paciente.
Actualmente, contar con una póliza no garantiza una cobertura total de los incidentes de salud. El usuario debe navegar entre conceptos técnicos como deducibles, coaseguros, tabuladores de honorarios médicos y redes hospitalarias. Esta falta de claridad suele derivar en gastos imprevistos al momento del alta hospitalaria, donde las diferencias entre lo que cobra el hospital y lo que reconoce la aseguradora deben ser cubiertas directamente por el beneficiario.
En el estado de Querétaro, la situación cobra una relevancia particular debido al crecimiento acelerado de la infraestructura médica privada en zonas como Juriquilla, Centro Sur y el municipio de Corregidora. La entidad se ha consolidado como un polo de servicios de salud de alta especialidad, lo que ha incrementado el número de usuarios que dependen de seguros privados para acceder a servicios que, en muchas ocasiones, el sistema público local se ve rebasado en atender con prontitud.
Este auge de la medicina privada en la región también se refleja en el costo de las primas. Querétaro, al ser un mercado de alto poder adquisitivo y con una oferta hospitalaria sofisticada, enfrenta una inflación médica persistente que impacta directamente en las renovaciones anuales de las pólizas, afectando principalmente a los adultos mayores, quienes son los más vulnerables a los incrementos por siniestralidad.
El encarecimiento de la atención privada no responde a un solo factor, sino a una combinación de elementos que afectan a toda la cadena de valor:
- Inflación Médica: El incremento en el costo de insumos, medicamentos y tecnología médica suele superar la inflación general del país.
- Disparidad en Tabuladores: Las aseguradoras mantienen tabuladores de honorarios que los especialistas consideran insuficientes, lo que genera cobros adicionales para el paciente.
- Cargas Administrativas: Los hospitales privados concentran costos elevados en servicios auxiliares y administración, los cuales no siempre son transparentes en la facturación final.
- Marco Fiscal: Los cambios en el tratamiento del IVA en diversos servicios médicos han añadido presión a los costos operativos.
Recientemente, una iniciativa de reforma que buscaba modificar disposiciones en siete leyes distintas fue frenada en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. La propuesta tenía como objetivo central ordenar el mercado y dotar de mayores herramientas de defensa a los usuarios ante organismos como la Condusef y la Profeco.
Entre los puntos clave de la iniciativa destacaba la exigencia de transparencia en la facturación hospitalaria, permitiendo a los pacientes recibir cortes diarios desglosados de sus gastos. Asimismo, se buscaba garantizar la portabilidad de las pólizas, para que los usuarios no perdieran su antigüedad al cambiar de compañía aseguradora, un problema que actualmente «ata» a los clientes a empresas que aumentan sus costos de forma unilateral.
A pesar de que el dictamen contaba con análisis previos y foros de discusión con diversos actores del sector, su votación fue postergada bajo el argumento de requerir mayor tiempo de análisis. Esta pausa legislativa ha sido interpretada como una respuesta a la presión de los sectores regulados, quienes mostraron resistencia ante la posibilidad de sanciones y nuevas reglas en la facturación y renovación de contratos.
El estancamiento de estas regulaciones deja al consumidor en una posición de vulnerabilidad. Mientras no se establezca un marco normativo que obligue a la rendición de cuentas por parte de hospitales y aseguradoras, el usuario seguirá asumiendo el riesgo financiero de la opacidad informativa.
La discusión de fondo no radica en la validez del sector privado como alternativa de salud, sino en la necesidad de construir un ecosistema donde la competencia sea justa y el paciente cuente con la protección efectiva del Estado. Por ahora, el mercado de seguros en México continúa operando bajo una lógica donde el costo del silencio y la falta de regulación lo termina pagando el asegurado.
