El panorama energético global atraviesa una de las transformaciones más profundas desde la crisis de la década de 1970. El mercado internacional de hidrocarburos enfrenta una reconfiguración impulsada por tensiones geopolíticas en el Medio Oriente y fracturas operativas dentro de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Este escenario ha llevado el precio del crudo a superar la barrera de los 120 dólares por barril, marcando niveles que no se registraban en los últimos cuatro años.
La inestabilidad en rutas comerciales estratégicas, como el Golfo Pérsico, ha generado una presión alcista constante en los suministros de gas natural y petróleo. En Estados Unidos, el precio de la gasolina regular alcanzó los 4.22 dólares por galón, una cifra que iguala los picos inflacionarios de 2022. Ante esta volatilidad, diversas naciones han recurrido al uso intensivo de sus reservas estratégicas en un intento por amortiguar el impacto en el consumidor final.
En este contexto, la política energética en México se ha centrado en la utilización de mecanismos fiscales para evitar la transmisión directa de los costos internacionales al mercado interno. A través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), se ha buscado mitigar las fluctuaciones en el precio de la gasolina y el diésel, con el objetivo de mantener la inflación bajo control en el sector de los energéticos.
La administración federal ha señalado que la intervención en los precios es fundamental para proteger el poder adquisitivo. Según estimaciones oficiales, de no aplicarse los estímulos fiscales vigentes, el costo del litro de combustible podría haber superado los 30 pesos en las estaciones de servicio. Esta medida se complementa con acuerdos con el sector privado y el gremio gasolinero para reducir costos operativos y márgenes de intermediación.
Para el estado de Querétaro, esta estabilidad resulta crítica dado su rol como centro logístico y de transporte en el Bajío. En años anteriores, la entidad ha experimentado los efectos directos de la escasez o el alza súbita de combustibles, lo que impacta de manera inmediata en los costos de operación de las zonas industriales y en el precio final de los productos básicos que transitan por la carretera federal 57.
La respuesta ante el desorden energético mundial se apoya también en la capacidad de refinación interna. El fortalecimiento del Sistema Nacional de Refinación, que incluye la rehabilitación de complejos existentes y la puesta en marcha de la refinería Olmeca, tiene como finalidad reducir la dependencia de la importación de gasolinas provenientes principalmente de Texas.
- Rehabilitación de las seis refinerías del sistema tradicional.
- Incremento en la producción de destilados de mayor valor comercial.
- Reducción gradual de la exportación de crudo para favorecer el consumo interno.
Si bien el uso de estímulos fiscales representa un esfuerzo presupuestario considerable para las finanzas públicas, las autoridades mantienen que la prioridad es evitar una escalada generalizada en el costo del transporte de mercancías. El diésel, en particular, es el insumo que mayor incidencia tiene en la cadena de distribución de alimentos y bienes básicos, por lo que su contención se considera un eje de estabilidad económica frente a la incertidumbre externa.
Las modificaciones constitucionales en materia de energía buscan consolidar este modelo de gestión, permitiendo que el Estado mantenga el control sobre áreas estratégicas mientras se fomenta la inversión necesaria para el desarrollo del potencial nacional. La transparencia en el manejo de estos recursos y la disciplina fiscal serán determinantes para que México pueda navegar el ciclo de volatilidad petrolera global sin comprometer la estabilidad macroeconómica en el mediano plazo.
