La organización civil Adax Digitales anunció la realización de una jornada de visibilización denominada «tendedero de deudores alimentarios» para este próximo sábado en el Jardín Zenea. La movilización surge como una respuesta directa ante la falta de dictaminación de la iniciativa conocida como Ley Sabina, la cual permanece en la congeladora del Congreso local de Querétaro.
La cita está programada para las 17:00 horas en el Centro Histórico de la capital. De acuerdo con los convocantes, el objetivo principal es exponer los casos de incumplimiento de obligaciones parentales y presionar a la LXI Legislatura para que retome la discusión de reformas que protejan los derechos de las infancias y las madres buscadoras de justicia económica.
Mayra Dávila, representante de la asociación, recordó que la iniciativa fue ingresada formalmente el 24 de octubre de 2024. A pesar del tiempo transcurrido, el proyecto de ley no ha mostrado avances significativos en las comisiones legislativas. La propuesta busca modificar los plazos actuales, reduciendo de 90 a 30 días el periodo necesario para inscribir a una persona en el Registro de Deudores Alimentarios.
Además del registro, la iniciativa contempla medidas más estrictas para garantizar el sustento de los menores, tales como:
- Tipificación del abandono a mujeres embarazadas como un delito.
- Establecimiento de sanciones administrativas mediante multas.
- Penas de prisión para quienes evadan de forma sistemática sus responsabilidades alimentarias.
- Reformas en materia de omisión de cuidados para fortalecer el marco jurídico familiar.
En Querétaro, la problemática de las pensiones alimenticias ocupa una parte considerable de la carga de trabajo en el sistema de justicia. Según datos compartidos por la asociación civil, uno de cada tres juicios en materia familiar que se ventilan en los tribunales locales corresponde a reclamos por pensión alimenticia.
Existe, además, una brecha significativa entre los registros oficiales y la realidad que enfrentan miles de familias. Mientras que el padrón oficial reporta 208 deudores registrados, estimaciones de activistas sugieren que la cifra real en el estado podría ascender a los 2 mil casos de incumplimiento. Esta disparidad resalta la necesidad de simplificar los mecanismos de registro y sanción que propone la nueva normativa.
La exigencia de la Ley Sabina se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la seguridad y bienestar familiar en la entidad. Durante el año 2025, Querétaro registró más de mil cien casos de violencia familiar, sumados a reportes de violencia sexual infantil que subrayan la urgencia de fortalecer las redes de protección legal para los sectores más vulnerables.
Históricamente, el Jardín Zenea ha sido el epicentro de manifestaciones ciudadanas que buscan poner en la agenda pública temas de derechos humanos. En esta ocasión, el espacio público servirá para documentar casos donde, incluso, padres que nunca cumplieron con sus obligaciones económicas reclaman derechos de custodia o pensiones a sus hijos al llegar estos a la edad adulta, situación que la asociación califica como una distorsión del sistema de justicia familiar que debe ser corregida legislativamente.
