La Comisión de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura de Querétaro aprobó el dictamen correspondiente a la iniciativa de reforma denominada Plan B. Con una votación de dos sufragios a favor y uno en contra, el proyecto legislativo avanzó hacia su siguiente etapa procesal en el Congreso local.
El respaldo a la propuesta provino de los diputados integrantes de la fracción de Morena, Eric Silva y Homero Barrera. Por el contrario, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Correa Sada, manifestó su voto en contra tras un intercambio de posturas sobre la administración de los recursos públicos y la operatividad de los organismos gubernamentales.
Durante el desarrollo de la sesión, el diputado Enrique Correa Sada señaló que, si bien existe una coincidencia en la necesidad de recortar gastos innecesarios y reducir los costos de los congresos, estas medidas deberían implementarse bajo un criterio de generalidad. El legislador cuestionó la congruencia de la reforma y presentó estimaciones sobre los costos operativos asociados a la Presidencia de la República para contrastar las prioridades del gasto federal frente a las locales.
En respuesta, el diputado Homero Barrera argumentó que la fiscalización del gasto debe alcanzar a todas las instancias de gobierno en la entidad. Mencionó específicamente la importancia de revisar los presupuestos destinados a áreas de Comunicación Social en administraciones municipales y los costos de operación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, señalando que los recursos mensuales destinados a estas funciones representan una carga significativa para el erario estatal.
Este debate se inscribe en una serie de esfuerzos legislativos en Querétaro por ajustar los marcos normativos a las políticas de disciplina financiera. Históricamente, la Legislatura estatal ha mantenido posturas divididas respecto a las reformas de carácter nacional que impactan la estructura administrativa local, especialmente en temas de soberanía presupuestaria y eficiencia en el ejercicio del servicio público.
Tras su aprobación en esta comisión, el dictamen seguirá el curso legal correspondiente:
- Turno a la Mesa Directiva de la Legislatura.
- Programación para su discusión en Sesión de Pleno.
- Votación definitiva por parte de los 25 legisladores que integran la asamblea.
De ser ratificado por el Pleno, el Plan B establecería nuevas directrices para la gestión de recursos y la estructura operativa dentro del marco legal del estado, buscando una armonización con las disposiciones que se promueven a nivel nacional en materia de administración pública.
