La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su delegación en Querétaro, ejecutó un cateo en una explotación minera presuntamente clandestina ubicada en el municipio de Peñamiller. La intervención judicial responde a una carpeta de investigación iniciada por el delito de sustracción ilícita de minerales, actividad detectada tras denuncias sobre la presencia de civiles armados y operaciones fuera de la norma en la zona.
El despliegue de las autoridades federales se concentró en la localidad de La Plazuela. Según los reportes oficiales, el Ministerio Público Federal integró los datos de prueba aportados por la Policía Federal Ministerial, quienes mediante técnicas de investigación científica confirmaron la actividad extractiva en el sitio. El operativo tuvo como objetivo detener la explotación irregular de recursos que, de acuerdo con los indicios, no contaba con los permisos necesarios para su aprovechamiento.
Durante la diligencia, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) coadyuvó en la inspección técnica, confirmando que el complejo minero carecía de una autorización vigente para la exploración y extracción de recursos minerales, lo que constituye una violación a las leyes ambientales y de bienes nacionales.
Al interior del inmueble utilizado como mina, los agentes federales localizaron diversos elementos técnicos e insumos que refuerzan la hipótesis delictiva. Entre los objetos puestos a disposición de la autoridad destacan:
- Herramientas de uso industrial, incluyendo un sistema de malacate para el ascenso y descenso de materiales.
- Artefactos con características propias de material explosivo, utilizados presumiblemente para la apertura de vetas.
- Costales con material pétreo extraído de la profundidad del yacimiento.
- Un recipiente que contenía una sustancia líquida densa, cuyas propiedades físicas coinciden con las del mercurio.
El municipio de Peñamiller, considerado la puerta de entrada a la Sierra Gorda de Querétaro, posee una larga tradición en la minería de cinabrio para la obtención de mercurio. Históricamente, esta región ha enfrentado tensiones entre la minería artesanal y las normativas federales de salud y medio ambiente. En años recientes, las autoridades estatales y federales han incrementado la vigilancia en la zona debido a los riesgos de contaminación por metales pesados y la irrupción de grupos que buscan controlar la explotación de estos recursos de manera ilegal.
El inmueble ha quedado bajo resguardo de la Fiscalía General de la República, mientras se continúan las indagatorias para deslindar responsabilidades y determinar la identidad de quienes encabezaban estas operaciones al margen de la ley. Con estas acciones, se busca mitigar el impacto ambiental y social derivado de la minería clandestina en el estado de Querétaro.
