La conmemoración del Sábado de Gloria en México conlleva una tradición de décadas centrada en el uso lúdico del agua; sin embargo, el endurecimiento de los marcos legales y la crisis hídrica que atraviesa el país han transformado esta práctica en un motivo de sanciones administrativas. Las autoridades han establecido mecanismos de vigilancia para evitar el desperdicio del recurso, con multas que pueden superar los 35 mil pesos en distintas zonas del país.
Marco legal y sanciones administrativas
El sustento jurídico para estas sanciones se divide principalmente en dos vertientes: la convivencia ciudadana y la regulación del derecho al agua. En el caso del Valle de México, la Ley de Cultura Cívica establece en su artículo 29, fracción VII, que el uso irresponsable de los hidrantes públicos o el desperdicio del líquido es una infracción que amerita desde trabajo comunitario hasta el arresto administrativo.
Por otro lado, la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua refuerza estas medidas mediante sanciones económicas calculadas en Unidades de Medida y Actualización (UMA). Dependiendo de la gravedad de la falta y la reincidencia, el costo por incurrir en estas prácticas se desglosa de la siguiente manera:
- Multas económicas: Las sanciones oscilan entre las 100 y las 300 UMA, lo que se traduce en montos que van desde los 11 mil hasta los 35 mil pesos.
- Trabajo comunitario: Se pueden asignar jornadas superiores a las 10 horas de servicio a la comunidad para aquellos que infrinjan las normas de cultura cívica.
- Arresto preventivo: Dependiendo de la jurisdicción y la resistencia a la autoridad, se contemplan periodos de arresto administrativo de hasta 36 horas.
Contexto regional y situación en Querétaro
En el estado de Querétaro, la situación de estrés hídrico ha llevado a que los organismos operadores, como la Comisión Estatal de Aguas (CEA), mantengan una vigilancia permanente sobre el uso del recurso. Históricamente, la entidad ha priorizado la cultura del ahorro debido a los bajos niveles en las presas locales y la dependencia de sistemas de bombeo complejos. Al igual que en la capital del país, la normativa local faculta a los municipios para intervenir en casos de desperdicio flagrante en la vía pública.
Es importante recordar que estas medidas no solo se aplican en el ámbito residencial, sino que incluyen la vigilancia de establecimientos comerciales y espacios públicos donde el uso de mangueras o el llenado de depósitos para fines recreativos sin control está estrictamente regulado durante la Semana Santa.
Vigilancia y denuncia ciudadana
Para la ejecución de estas normativas, las corporaciones de seguridad pública y juzgados cívicos mantienen operativos especiales durante el fin de semana. La autoridad exhorta a la población a evitar prácticas de riego de calles o el mojado de personas en la vía pública, sugiriendo el uso responsable del agua dentro de los hogares.
Asimismo, los canales de denuncia ciudadana permanecen abiertos para reportar fugas o desperdicios significativos. Con estas acciones, se busca mitigar el impacto ambiental y asegurar que el suministro de agua potable se mantenga constante para las necesidades básicas de la población, priorizando el consumo humano sobre los usos recreativos tradicionales de la temporada.
