El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el paquete de reformas en materia electoral, conocido como Plan B, propuesto por la administración federal. Con una votación de 84 votos a favor y 41 en contra, la Cámara Alta dio luz verde a diversas modificaciones constitucionales, aunque con cambios significativos respecto a la propuesta original enviada por la presidencia de la República.
Modificaciones al proceso de revocación de mandato
Durante la discusión en lo particular, la bancada del Partido del Trabajo (PT) presentó una reserva para modificar el artículo 35 de la Constitución. Dicha propuesta tuvo como objetivo evitar que la consulta de revocación de mandato coincida con las elecciones federales intermedias del 6 de junio de 2027, tal como se planteaba inicialmente.
Tras la aprobación de esta reserva, el proceso de consulta ciudadana no se llevará a cabo de manera simultánea con la renovación de la Cámara de Diputados y diversos cargos locales. Bajo los términos actuales, la convocatoria para este ejercicio podrá emitirse en los tres meses posteriores al término del tercer año del periodo presidencial. Esto sitúa la posible consulta en abril de 2028, una vez cumplidos los requisitos legales de recolección de firmas entre octubre y diciembre de 2027.
Ejes principales de la reforma electoral
A pesar de la exclusión de la fecha simultánea para la revocación, el dictamen mantiene puntos fundamentales orientados a la austeridad administrativa y la reestructuración de los órganos de representación popular. Entre los aspectos aprobados destacan:
- Reducción de regidurías: Se establece un recorte en el número de integrantes de los ayuntamientos en todo el país.
- Límites presupuestarios: Se imponen restricciones al gasto operativo de los congresos locales y estatales para optimizar los recursos públicos.
- Topes salariales: Se ratifica la obligatoriedad de que ningún alto funcionario público perciba una remuneración mayor a la de la titular del Ejecutivo Federal.
Impacto y contexto en Querétaro
En el ámbito local, esta reforma cobra relevancia ante la estructura política de los 18 ayuntamientos de Querétaro. Históricamente, la entidad ha mantenido una estabilidad en sus cuerpos colegiados; sin embargo, la reducción obligatoria de regidurías obligará a una reconfiguración de la administración municipal en la entidad, impactando directamente en la representatividad de las fuerzas políticas minoritarias en los cabildos queretanos.
Este ajuste se suma a los antecedentes de reformas locales que han buscado la eficiencia administrativa, conectando con las discusiones previas sobre el costo de la democracia en la región y la necesidad de armonizar las leyes estatales con el marco constitucional federal.
Siguiente etapa legislativa
Una vez concluida la votación en la Cámara de Senadores, el dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual ratificación. En San Lázaro, se ha informado que la discusión formal de esta iniciativa se reanudará tras el periodo vacacional de Semana Santa.
La reforma requiere de la aprobación de ambas cámaras y, al tratarse de cambios constitucionales, deberá ser avalada por la mayoría de los congresos estatales antes de su promulgación oficial por parte del Diario Oficial de la Federación.
