La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó el cierre definitivo del proceso judicial relacionado con el envenenamiento de los perros rescatistas Athos y Tango, ocurrido en Querétaro en junio de 2021. Con esta resolución, el máximo tribunal del país ratifica la reducción de la sentencia impuesta originalmente al responsable, Vicente Patiño, quien ahora enfrentará una pena menor a los cinco años de prisión.
Fundamentos de la resolución judicial
El desecho del recurso de reclamación interpuesto por la parte afectada se fundamentó en que los agravios presentados correspondían a temas de legalidad y no de constitucionalidad. Las y los ministros de la Sala señalaron que la valoración de las pruebas y la aplicación de las normas del procedimiento penal para fijar la multa son facultades que competen directamente a los Tribunales Colegiados, por lo que la instancia superior no tiene jurisdicción para intervenir en el fondo del asunto.
De acuerdo con la información procesal, el caso concluye con los siguientes términos en la condena:
- Pena privativa de libertad: Reducida de 10 años a una sanción de menos de 5 años de prisión.
- Reparación del daño: La multa original de 2.4 millones de pesos fue revocada, estableciéndose una cifra basada en el valor de mercado de los caninos y gastos limitados de manutención. Aunque el monto oficial no fue difundido públicamente, representantes de la causa estiman que la cifra ronda los 10 mil pesos.
Cronología y contexto en Querétaro
El caso de Athos y Tango marcó un precedente sin igual en la historia jurídica de Querétaro. En agosto de 2022, el estado captó la atención nacional al dictar la primera sentencia condenatoria con prisión efectiva por crueldad animal en la entidad. Este hecho fue visto en su momento como un avance significativo en la protección de los derechos de los animales y en el reconocimiento de la labor de los ejemplares de servicio.
Ambos canes eran miembros activos de la Cruz Roja Mexicana. Athos, un Border Collie especialista en búsqueda y rescate, participó en labores críticas tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México y en misiones de ayuda humanitaria en el extranjero. Tango, un Yorkshire, desempeñaba funciones de asistencia emocional, lo que generó un fuerte impacto social tras su pérdida por la ingesta de sustancias tóxicas en la vía pública.
El camino hacia la reducción de la pena
La defensa del sentenciado promovió un juicio de amparo tras la condena inicial de una década. El argumento central fue que la sentencia original incurría en una doble sanción por el mismo hecho, al considerar simultáneamente la crueldad animal y el uso de métodos crueles para provocar la muerte. Un Tribunal Colegiado validó este criterio, lo que derivó en la reducción drástica de la temporalidad de la pena.
A pesar de que en 2024 la Suprema Corte analizó una parte del proceso y ordenó una nueva revisión, el Tribunal Colegiado mantuvo la postura de una sentencia reducida bajo el argumento de que la cuantificación del daño no contaba con los soportes jurídicos necesarios para alcanzar los millones de pesos exigidos inicialmente por el entrenador de los ejemplares, Édgar Martínez.
Impacto social y legal
Organizaciones civiles y activistas a favor de los derechos animales en Querétaro han manifestado que este fallo representa un retroceso en la lucha contra el maltrato. Señalan que la interpretación legal aplicada por los tribunales federales minimiza el valor social y operativo de los perros de rescate, limitando la reparación del daño a una transacción comercial por el «precio de mercado» de los animales.
Con la decisión de la Suprema Corte, se agotan todas las instancias legales en México para este caso, dejando firme una sentencia que dista de la resolución histórica que se alcanzó en los juzgados locales queretanos hace dos años.
