Por: Margarita Sánchez.
De acuerdo con el Country Reports on Human Rights Practices de 2022 que emitió el Departamento de Estado estadounidense, los periodistas de México deben censurar información dependiendo el ramo a informar, debido a la desacreditación por parte de autoridades, ataques cibernéticos y físicos, intimidación y hostigamiento, limitando a los comunicólogos las investigaciones a fondo.
El año pasado, organizaciones no gubernamentales, registraron alrededor de 15 asesinatos de periodistas mexicanos; en México, los medios expresaron su opinión sin restricción y, actualmente, se autocensuran con frecuencia por miedo a la represalias que puedan tomar diversos funcionarios o grupos criminales del país.
En dicho informe, se destacó que en el artículo 19 se mostró el registro de 331 ataques contra los periodistas, esto entre los meses de enero y junio del pasado año 2022, de los cuales casi el 50% fueron a reporteros cubriendo temas de política y corrupción.
Cabe recordar que en el periodo del 2012-2021, la secretaría de Gobernación registró 632 ataques físicos y verbales hacia los comunicólogos, de los cuales, el 47% fue ocasionado por servidores públicos.
De igual forma, entre los políticos agresores señalados en dicho documento, fue anotado Andrés Manuel López Obrador, quienes desacreditaron públicamente a los reporteros con la finalidad de exhibirlos como partidistas, corruptos y parciales, y se redujo la libertad de expresión por parte de la prensa debido al acoso, la violencia, impunidad, agresiones y asesinatos hacia su persona por reportar sus crímenes y su política corrupta.
El documento estadounidense, informó que los grupos de derechos humanos y defensa a la libertad de expresión, en cuanto al tema de censura y restricciones de información, gobiernos locales censuraron a medios de comunicación y continuaron teniendo influencias financieras en empresas de comunicación y reducciones económicas publicitarias.
A pesar de que no existen leyes que penalizan la difamación, nueve estados sí cuentan con estas para controlar los actos agresores mencionados anteriormente, en cuatro de estos se siguen delitos de difamación, los cuales se penaliza con 3 días y hasta cinco años de prisión por dicho acto; y en los otros cinco territorios, la calumnia es sancionable y en 25 cuentan con leyes de protección hacia las autoridades, ante supuestos insultos.
