El senador por Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, señaló que las recientes movilizaciones y bloqueos realizados por transportistas y agricultores a nivel nacional son consecuencia directa de la actual configuración política, la cual impide el debate y el equilibrio de poderes. El legislador federal hizo un llamado al grupo mayoritario en el Congreso de la Unión para recuperar la sensibilidad política y permitir que las demandas de los sectores productivos sean integradas en la agenda de atención del Gobierno Federal.
Dorantes Lámbarri contrastó la dinámica parlamentaria actual con ejercicios anteriores, donde la discusión del presupuesto permitía a las organizaciones del campo incidir en el etiquetado de recursos para el fortalecimiento del sector primario. Según el senador queretano, la falta de apertura al diálogo y la imposición de reformas sin consenso han orillado a los ciudadanos a recurrir al activismo y a la toma de vías de comunicación como únicos mecanismos para ser escuchados, citando como antecedente lo ocurrido con la Ley de Aguas Nacionales.
En cuanto a las demandas específicas, el legislador detalló que el sector agrario requiere urgentemente el restablecimiento de apoyos tecnológicos y financieros para alcanzar la competitividad y la soberanía alimentaria. Por otro lado, enfatizó que el gremio de los transportistas enfrenta una crisis de inseguridad caracterizada por asaltos constantes, situación que no solo pone en riesgo la integridad de los operadores, sino que eleva los costos operativos de las empresas y desincentiva la llegada de nuevas inversiones al país.
Finalmente, Agustín Dorantes advirtió que la combinación de falta de productividad tecnológica, ausencia de subsidios al campo y la creciente inseguridad en las carreteras nacionales genera un escenario crítico para el desarrollo de México. El senador insistió en que la recuperación de los contrapesos legislativos es fundamental para que las voces de los sectores afectados encuentren eco en las instituciones y se traduzcan en soluciones reales que eviten mayores afectaciones a la movilidad y economía de las familias.
