Escribe:- Isaac Media Hernandez
El pasado lunes 11 de mayo, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante sesión virtual (debido a la contingencia nacional Covid-19), aprobaron por unanimidad la inconstitucionalidad de la conocida “Ley Bonilla”. Esto a raíz de la votación a favor por parte del Congreso Local de Baja California el 8 de julio del 2019 y su posterior publicación en el periódico Oficial del Estado de Baja California de la reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, mediante decreto número 112, de fecha 11 de septiembre de 2014, en el cual se ampliaba de dos a cinco años el mandato del entonces gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez.
La resolución de la acción de inconstitucionalidad, establece que deberá regresarse al texto original el artículo octavo transitorio de la Constitución Local, por lo que el mandatario estatal, Jaime Bonilla terminará dejará sus funciones el próximo 31 de octubre del 2021.
La bautizada “Ley Bonilla”, encontraba su sustento “legítimo” en una raquítica y endeble consulta ciudadana, realizada el domingo 13 de octubre del año pasado, donde solo participó el 1.9% del electorado del Estado, unos 53 419 ciudadanos. Los resultados favorecieron a Bonilla: 82% (45 000 electores) aceptaron la reforma. Cabe mencionar que el electorado es de 2.8 millones de votantes.
El 1ero de noviembre del 2019, tras la toma de Protesta, la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, sostuvo una reunión en “privado” con el actual gobernador. Ahí, la secretaria fue exhibida refiriéndose a la “Ley Bonilla” como legal y sosteniendo que la norma iba a pervivir. Es increíble que una exministra, no reconociera la completa ilegalidad de esta situación.
Con esta resolución, podemos vislumbrar que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el único poder con ausencia de politización, la cual está a la altura de sus funciones. El proyecto a cargo del Ministro Fernando Franco es plausible y debe ser reconocido por haber defendido la democracia, no solo en Baja California, sino en todo el País.
