Ciudad de México.-El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) dará inicio al registro de créditos sujetos al subsidio del Programa de Vivienda Social 2019. En total, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), dispersará 400 millones de pesos en subsidios de este programa en su vertiente de cofinanciamiento, destinados a posibilitar el acceso a un inmueble adecuado a los derechohabientes del Instituto, con ingresos de hasta 2.8 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a 7 mil 191.80 pesos mensuales.
Los criterios aprobados por el Comité de Financiamiento de la CONAVI buscan focalizar los apoyos en la población con mayor rezago habitacional, marginación, auto adscripción indígena y altos índices de violencia. La ponderación de estos elementos se hizo con base en cifras oficiales del INEGI y aplicando la metodología utilizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
La SEDATU reitera que la Política Nacional de Vivienda tiene como objetivo promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a la vivienda adecuada, por lo que la distribución de todos los recursos se hará bajo una lógica de equidad social y transparencia, en beneficio de los que menos tienen.
Adicionalmente, para impulsar la participación de las pequeñas y medianas empresas, la CONAVI consultará la información de la oferta que proporcione la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y el Registro Único de Vivienda (RUV) en las distintas entidades federativas, vigilando que se cumplan los criterios antes mencionados.
La consulta que lleve a cabo la CONAVI será únicamente respecto a la Clave Única de Vivienda (CUV), el avance de obra y observando las reglas de operación vigentes del Programa de Vivienda Social, sin tener acceso al nombre del desarrollador, para llevar a cabo un proceso transparente e imparcial.
Con estas medidas, el Gobierno de México cumple con hacer un uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, con el objetivo de garantizar y priorizar el derecho a la vivienda adecuada.
