Por: Margarita Soledad Sánchez Puga.
La tarde de ayer, sindicalizados acudieron a las instalaciones del centro cívico, con la finalidad de amenazar con cerrar las oficinas del gobierno municipal por el supuesto deficiente servicio médico que reciben, la falta de medicamentos y tratamientos para sus enfermedades.
Gregorio López González, líder sindical de los trabajadores, encabezó el movimiento donde expresaron sus inconformidades a base de gritos para ser atendidos, por la falta de profesionalidad que supuestamente ha tenido el servicio médico hacia ellos, del cual afirmaron que dependen ellos y sus familias.
Los trabajadores pararon sus actividades después del mediodía y se fueron sumando al grupo de manifestantes en el centro cívico para externar su inconformidad de atención médica, la cual afirmaron que hoy reciben en una clínica particular ubicada en la calle Ignacio López Rayón en el centro del municipio, sin tener todos los servicios por la falta del pago del gobierno local.
López González, aseguró que es la Oficialía Mayor el área responsable de dar solución y no se tiene respuesta al respecto, añadió que por esta razón decidieron acudir a las oficinas del gobierno para manifestar su inconformidad y que se mejore el servicio para los 770 agremiados del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Juan del Río (SUTSMSJR).
“No tememos clínica de hemodiálisis, he tenido que estar pagando los tratamientos de la gente porque evidentemente con dos días que no les hagan su tratamiento se contagia la sangre y mueren los trabajadores, no tenemos medicamentos, no se autorizan las cirugías, no se autoriza nada y no quieren firmar nada, ni la gente que está aquí metida”, resaltó Gregorio López.
Finalmente, entre otra inconformidades, el líder del sindicato, destacó que se tienen 51 cirugías pendientes entre los trabajadores debido al deficiente servicio médico, señaló que seguirán con las manifestaciones y de ser necesario cerrarán todas las oficinas, pues aseguró que a lo funcionarios no les importa que los empleados deban acudir a hospitales y pagar sus medicamento y cirugías o que les suspendan sus hemodiálisis por la ausencia de pago por parte del gobierno.
