Escribe Isaac Mejia Hernández
A finales del año 2019, el Congreso de la Unión, emitió el decreto por el cual se reformaba diversos artículos, entre ellos el 35, 41, 81, etc., de la Constitución Política Federal, tocante a la revocación de mandato. Esta modificación, da la posibilidad al electorado de remover al presidente, si no han visto un buen ejercicio de la Administración Pública.
En el artículo 35 fracción IX de dicho ordenamiento legal, se ven reflejadas las 3 principales acciones y condiciones sine qua non, para ejercer esta figura jurídica:
1.- El INE está facultado para aplicar este procedimiento a petición de los ciudadanos.
2.- Esta solicitud solo será aceptada si proviene como mínimo de 17 entidades federativas y este signado por el tres por ciento de los ciudadanos en la lista nominal.
3.- Solo se puede solicitar una vez por sexenio y durante los 3 primeros meses posteriores al tercer año del periodo constitucional.
La revocación de Mandato demuestra la complejidad del sistema democrático mexicano y se contrapone a la concepción de Democracia que solíamos tener, dado que, una vez pasadas las elecciones y otorgando el mandato a los candidatos vencedores, su ejercicio en el poder nunca es supeditado por el electorado ni mucho menos existe una verdadera rendición de cuentas al ciudadano.
Esta transparencia por parte de las autoridades es informada y fiscalizada en un plano horizontal, poder con poder, institución con institución y nunca en sentido vertical, gobierno-ciudadano. Lejos de existir una incertidumbre política, como lo maneja la oposición, es una decisión acertada, puesto que, en el año 2022, ya habremos obtenido una perspectiva clara sobre el manejo público de este país. Esto nos llevará a reflexionar las decisiones tomadas, ya sean certeras o erróneas en materia de Seguridad, como lo es el Caso Ovidio, los casi 35,000 mil homicidios dolosos en 2019, o en Salud, con el actual desabasto de medicamentos y la raquítica atención médica por falta de profesionales de la salud.
Lo lamentable, es politizar esta plausible reforma, al intentar adelantar los tiempos para que la revocación de mandato sea posible en 2021, durante las elecciones intermedias, favoreciendo a los candidatos de su partido, así como aprovecharse de un momento de incertidumbre y distracción originado por el COVID-19 para enviar esta propuesta al legislativo.
