Ciudad de México.-El PRI en la Cámara de Diputados rechaza enérgicamente por la publicación del Decreto en el que se dispone de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pues genera incertidumbre, tanto entre la ciudadanía como en los integrantes de las Fuerzas Armadas, sobre sus alcances jurídicos y pone en entredicho el éxito de la estrategia de seguridad de esta administración.
Si bien es cierto que ese supuesto estaba considerado en el esquema transitorio de la reforma aprobada por el Congreso, es preocupante que se aproveche la emergencia de salud que vive el país para emitir un decreto sin justificar la situación extraordinaria ni establecer los mecanismos para regular y fiscalizar la actuación de las Fuerzas Armadas. La reforma constitucional no fue un cheque en blanco para que se use una facultad sin los controles que establece la propia Constitución. La falta de definición conduce a interpretar que el Gobierno pretende aprovechar esta situación de crisis para emitirlo y concentrar más poder.
Durante la aprobación de esa reforma constitucional en la Cámara de Diputados, las y los legisladores del PRI ratificamos nuestro reconocimiento a la labor extraordinaria de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, pero advertimos que el éxito de alcanzar la paz dependía de la administración y estrategia del gobierno.
El país no puede esperar, se requieren instituciones y estrategias que verdaderamente contribuyan al restablecimiento de la paz en todo el territorio. Tan solo durante todo el 2019 y lo que va de este año, aún en medio de la Fase III de la pandemia por el Covid-19, las cifras oficiales revelan que la violencia en México no ha dado tregua a las familias mexicanas de todo el territorio. Desde el inicio de la crisis señalamos que era necesaria una estrategia especial que garantizara la seguridad de las y los mexicanos, en la que se diera una adecuada coordinación entre los diversos órdenes de gobierno.
Es necesario que se revisen los términos del citado Acuerdo para garantizar que ninguno de sus cinco artículos y dos transitorios sea contrario a lo establecido en la reforma constitucional por la que se creó la Guardia Nacional, con una naturaleza claramente civil. El Ejecutivo debe dejar fuera de toda duda el cumplimiento pleno de las condiciones para la participación de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública: de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
No basta con que el decreto presidencial se limite a reproducir dichas palabras sino que debió incorporar y desarrollar mecanismos jurídicos para garantizar su cumplimiento. En consecuencia, el decreto tendría el riesgo de ser inconstitucional.
Desde ahora señalamos que la Fuerzas Armadas estarán impedidas a partir de 2024 para realizar funciones de seguridad pública. Entonces será indispensable haber alcanzado resultados de la política civil en materia de seguridad, tal como se señala en la reforma que creó la Guardia Nacional. La publicación del decreto es una medida que va en contrasentido de este objetivo, pues en lugar de trabajar para fortalecer a las policías civiles, se activa un mecanismo que debía ser extraordinario. Es preciso señalar que desde la creación de la Guardia Nacional, muy poco se ha hecho para fortalecer a los cuerpos policiacos estatales y municipales.
Además, de que con ese decreto, se contravienen las observaciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en México, que recomendó alejarse del enfoque militarizado y avanzar en una institución civil para garantizar el retiro paulatino y planificado de las Fuerzas Armadas de las funciones de seguridad ciudadana.
