El propietario de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, escaló su conflicto con el Gobierno de México al ámbito internacional al presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar formalmente una presunta campaña de acoso iniciada en 2023, la cual atribuye a una estrategia coordinada desde las instituciones del Estado. El magnate solicitó al relator especial Pedro Vaca que el organismo declare la responsabilidad internacional de México por vulnerar su derecho a la libre expresión y a la propiedad privada, bajo el argumento de que las conferencias matutinas y los medios estatales se han utilizado como instrumentos para dañar su reputación y silenciar sus críticas hacia la administración actual.
En su declaración, el empresario describió la intervención del Servicio de Administración Tributaria como un trato discriminatorio y coercitivo, asegurando que su intención siempre ha sido cumplir con la ley, pero que el Estado ha bloqueado las soluciones por motivos políticos. Sin embargo, esta narrativa de persecución fiscal omite que los créditos fiscales de Grupo Salinas se derivan de auditorías realizadas hace más de una década, en un proceso marcado por un uso extensivo de amparos para postergar el pago.
Esta batalla legal concluyó recientemente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 13 de noviembre, cuando el máximo tribunal ratificó la obligación definitiva del conglomerado de liquidar sus adeudos pendientes. Este movimiento ante la CIDH representa el punto más crítico en la ruptura de Salinas Pliego con el oficialismo, consolidando su transición de antiguo aliado a uno de los opositores más frontales de la autodenominada Cuarta Transformación.
