El Ministerio de Salud de Rusia actualizó sus protocolos de salud reproductiva para establecer que las mujeres que manifiesten no querer tener hijos sean remitidas obligatoriamente a consulta con un psicólogo clínico. Esta medida forma parte de una estrategia estatal para revertir la crisis demográfica y fomentar la natalidad, pero no se aplicará a los varones, marcando un sesgo de género en la política sanitaria.
La nueva normativa se implementó mediante cuestionarios de detección de salud reproductiva aplicados de forma anual. En el caso de las mujeres, el formulario contiene 61 preguntas; si la paciente indica que no desea descendencia, el protocolo instruye canalizarla con un especialista para generar una “actitud positiva” hacia la maternidad y, según el argumento oficial, prevenir la interrupción del embarazo.
En contraste, el cuestionario para hombres es más breve y la pregunta sobre paternidad está condicionada a sus “circunstancias actuales”, sin que una respuesta negativa active intervención psicológica. Autoridades de la Duma Estatal defendieron la medida al señalar que busca ayudar a las mujeres a identificar “problemas o dificultades” en sus relaciones, lo que ha sido interpretado como una limitación al derecho de decisión personal.
Esta disposición se suma al endurecimiento de la biopolítica en Rusia, donde a finales de 2025 se aplicaron multas por “incitación al aborto” y en 2024 se prohibió la difusión de la ideología childfree. Actualmente, diversas clínicas privadas enfrentan presiones gubernamentales para renunciar a sus licencias de interrupción legal del embarazo, consolidando una tendencia de control estatal sobre las decisiones reproductivas de la población.
