Por: Paul Ospital Carrera
Para hablar de lo sucedido el pasado domingo 10 de abril debemos, como diría el gran filósofo de Güemes, empezar por el principio.
Para que exista la revocación de mandato se tuvo que dar una reforma a nuestra Constitución, y para ello se requirió de los votos de la oposición. Para este caso en particular todos los partidos políticos, todos, votaron a favor. Es decir, hubo un gran consenso nacional para que este ejercicio democrático exista en nuestro país.
La revocación está pensada, en el mundo entero, como una herramienta para que en caso de que se piense que la ciudadanía de manera mayoritaria ha perdido la confianza en sus mandatarios, ésta se pueda organizar, solicitarla y remover a la persona de su cargo. Es decir, es una herramienta de control para la ciudadanía contra un mal gobierno.
Entendiendo la naturaleza que debería tener la revocación es que nos damos cuenta del debate. Dicha herramienta ciudadana fue tomada por el poder para cumplir un capricho presidencial, se pervirtió.
Resulta que la petición de la revocación no la hizo la ciudadanía descontenta con su mandatario, sino el propio mandatario y su partido político, ahí se entendió que estaba destinada a fracasar.
Pasó de ser una revocación a una “ratificación” un ejercicio promovido por simpatizantes del presidente para buscar que participaran los mismos simpatizantes del régimen.
En resumen, lo que vivimos el 10 de abril fue literalmente una prueba piloto de la movilización electoral de MORENA, pero ésta fue pagada con nuestros impuestos y además regulada por el INE.
Eso explica los resultados de la consulta: 9 a 1 a favor del Presidente, pues solamente salieron a las urnas quienes lo apoyan y respaldan, su base.
Por otro lado, ninguna comparación sobre el tamaño de votación es aceptable, pues resulta completamente impreciso comparar elecciones federales de autoridades constitucionales con una revocación. Sin embargo, la participación a todas luces fue mayor a lo que se esperaba, al menos desde la oposición, aún así quedó muy lejos, en menos de la mitad del objetivo del 40% para que fuera vinculante. Legalmente no tendrá ninguna consecuencia el ejercicio inédito, pero políticamente seguirá dando de qué hablar.
