Por: Margarita Sánchez.
Fracasa la venta de los cuatro helicópteros AgustaWestland que fueron comprados en la administración del presidente Enrique Peña Nieto y ahora pasarán a realizar trabajos de seguridad aérea de la ruta de 1,554 kilómetros del Tren Maya, bajo la tutela de la Fuerza Aérea Mexicana.
Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, informó que estas aeronaves apoyarán a los cerca de 5 mil efectivos de la Guardia Nacional que se encargarán de la vigilancia de esta obra prioritaria del sexenio.
“Estos son helicópteros que eran de los que estaban en venta, helicópteros pequeños que eran para traslado de funcionarios, serán utilizados para incrementar la seguridad de toda la ruta del Tren Maya. Estos helicópteros estarán en bases aéreas, algunas construidas, otras en proceso, que estarán en Palenque, en Chetumal, en Tulum y en Mérida”, detalló el general.
Para este programa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público erogó 931 millones de pesos para la compra de los helicópteros que estarían bajo el resguardo del otrora Estado Mayor Presidencial. El contrato fue signado el 9 de mayo de 2013, de acuerdo con informes de la Sedena consultados por Forbes México.
No obstante, en abril de 2019, ya con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) inició un proceso de enajenación de 72 aeronaves pertenecientes a diversas dependencias del gobierno federal que fueran susceptibles de ponerse a la venta.
Los cuatro helicópteros AgustaWestland fueron elegidos por Banobras para venta ya que su compra y posterior uso estaba dedicado a la transportación ejecutiva de servidores públicos.
El Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP), intentó vender estas aeronaves en cuatro subastas a sobre cerrado y a martillo, sin embargo, en ninguna de las ocasiones recibieron ofertas de parte de algún comprador por lo que en diversas ocasiones declaró desiertas las ofertas.
Por su reciente modelo, el precio inicial de subasta de estos helicópteros rondaba entre los 49 millones de pesos hasta los 50 millones de pesos. Por estos aparatos, el gobierno federal esperaba obtener alrededor de 200 millones de pesos.
