José Luis Báez Guerrero, dirigente estatal del PAN en Querétaro (quien estuvo involucrado en el escándalo de la fundación de Ricardo Anaya) exige a sus candidatos a los cargos de elección popular en la entidad firmar un pagaré por casi 900 mil pesos como condición para postularlos. Ello en caso de que, les dice, sean acreedores a alguna multa durante el proceso electoral.
Por ejemplo, los aspirantes que buscan una senaduría deben firmar un documento por 892 mil 928 pesos; para diputaciones federales, por 135 mil 846 pesos; para la alcaldía de Querétaro, 400 mil pesos, mientras que para el municipio San Juan del Río, 171 mil pesos, indicó desde el 31 de enero el Comité Directivo Estatal.
El Dato: José Luis Báez es una de las personas con las que Anaya creó, en mayo de 2009, la Fundación por más Humanismo, vinculada a un presunto desvío de recursos.
En el caso del ayuntamiento de Corregidora el documento firmado es por 105 mil pesos; en El Marqués, por 82 mil pesos, y en Cadereyta, por 45 mil pesos.
Además de que el blanquiazul los compromete a pagar dichas cantidades si son multados, los precandidatos también deben firmar un documento en el que el partido se deslinda de cualquier relación con ellos ante cualquier conducta “inapropiada” que pueda ser imputable a ellos.
Sin embargo, dichos requisitos eran desconocidos por los aspirantes, quienes calificaron como un acto de desconfianza por parte del Comité Estatal, al cual, aseguran, han servido por varios años.
En entrevista con La Razón, Francisco de Silva, aspirante a alcalde por la capital del estado, acusó que dicho trámite fue para que su partido se “pueda lavar las manos” ante la autoridad electoral debido a cualquier infracción cometida.
“Es un trámite que en mis más de 30 años de militante no había visto, es para que no se cometan infracciones a la ley electoral y luego el partido tenga que asumir la responsabilidad y sea el propio candidato quien asuma las consecuencias. Es como lavarse las manos”, expresó el precandidato, quien reconoció que firmó un pagaré por 400 mil pesos, y al pedir una copia del papel al partido, éste se la negó.
“Firmé un pagaré por 400 mil pesos. Lo firmé porque no pienso incurrir en ninguna falta, aunque no cuento actualmente con alguna copia o foto del pagaré porque el partido no quiso pasarnos una imagen”.
El instituto político también implementó la práctica de los pagarés en Guanajuato. A Miguel Salim, quien busca una senaduría, le pidieron firmar el documento.
En entrevista con La Razón, Jorge Moreno, asesor de Benito Nacif, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), aseveró que en el caso de que un aspirante cometa una falta, el principal responsable es el partido político y dicha acción podría costarles que se les retire el registro de la candidatura.
“Los que deben responder por los actos como exceso de gastos o multas son los partidos, porque las multas van directamente para los partidos no para los candidatos, pocas veces se ha visto que se multe a un candidato, pero el principal responsable es el partido. Incluso podría costarles que les quiten el registro de la candidatura, pero tendría que investigarlo la unidad de fiscalización del INE”, declaró Moreno.
Por mientras, De Silva dijo desconocer si, en caso de que el PAN concrete una alianza con PRD y Movimiento Ciudadano, también se tendrían que firmar algunos pagarés.
“Desconozco si también lo vamos a firmar con el Frente si se logra la coalición, pero al ser militante del Acción Nacional, básicamente me comprometo a tener esa responsabilidad”, sostuvo.
