El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la presentación de la Agenda Estatal para fortalecer la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de obligaciones alimentarias. Durante el evento, el mandatario aseguró que el estado protegerá a los sectores más vulnerables mediante una estrategia que busca convertir a la entidad en un referente nacional de legalidad y cumplimiento.
Una de las medidas más contundentes anunciadas por la oficial mayor, Linda Luz Luna Rangel, es la prohibición inmediata para contratar en la administración pública a cualquier persona inscrita en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Esta restricción entrará en vigor el miércoles 6 de mayo y afectará tanto a trabajadores de base como a prestadores de servicios por honorarios, además de extenderse a proveedores y contratistas del gobierno estatal.
Dentro del control administrativo que implementará el estado, destaca la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual negará la expedición o renovación de licencias de conducir a quienes incumplan con sus deberes alimentarios. Asimismo, las dependencias que operan programas sociales vigilarán que las reglas de operación impidan el acceso a servicios, ayudas, donativos o subsidios a quienes se encuentren en el padrón de deudores.
Por su parte, el senador Agustín Dorantes Lámbarri señaló que actualmente existen más de 20 mil juicios por pensión alimentaria en el estado, aunque solo 208 personas están formalmente inscritas en el registro. El legislador subrayó que Querétaro marca una diferencia con respecto al resto del país al aplicar acciones con «dientes legales» que evitan que las reformas federales queden únicamente en el papel.
La agenda también contempla que la Secretaría de las Mujeres brinde asesoría gratuita a las personas que requieran exigir el cumplimiento de estas obligaciones. Con estas acciones transversales entre dependencias y sectores de la sociedad civil, el gobierno queretano busca erradicar la impunidad y asegurar que el bienestar de la niñez sea una prioridad efectiva sobre cualquier interés administrativo o político.
