Los comicios presidenciales fueron finalmente invalidados por el Tribunal Supremo, que ordenó su repetición por irregularidades en el recuento.
La Comisión Nacional para los Derechos Humanos informó que un total de 37 personas, dos de ellas menores, murieron a manos de la Policía en las protestas registradas durante los días posteriores a las elecciones del 8 de agosto en diferentes zonas de Kenia.
Cabe resaltar, que los comicios presidenciales fueron finalmente invalidados por el Tribunal Supremo, que ordenó su repetición por irregularidades en el recuento, y la Comisión Electoral fijó la nueva cita para el próximo 26 de octubre.
Según el informe hecho público este lunes por la Comisión, entre las víctimas hubo un bebé de seis meses que fue atropellado por agentes de seguridad armados mientras estaba con su madre en el condado de Kisumu, en el suroeste del país.
El informe atribuye estas muertes a la Policía, que usó munición real y porras contra los manifestantes, dejando también docenas de heridos de diversa gravedad.
A estas muertes se suman otras dos víctimas durante el periodo previo a la celebración de elecciones.
Asimismo, denunció que algunos oficiales del Estado utilizaron sus oficinas para sobornar a votantes durante la campaña electoral y que en muchos casos lo hicieron con bienes tan básicos como el pan o el agua.
Además, altos funcionarios del Gobierno usaron dinero público para la campaña de su partido, incluyendo el uso de vehículos oficiales, algo que no permitieron hacer a la oposición.
Otro de los temas que destaca la Comisión es el uso que los líderes políticos hicieron del tribalismo como herramienta para movilizar votos, «contribuyendo al temor y al desaliento en algunas regiones del país» y que obligó a algunos kenianos a mudarse a zonas más seguras por temor a represalias.
Después de que el Supremo anulara las elecciones y en plena campaña electoral para la repetición de comicios, la Comisión de Derechos Humanos reprendió también «los ataques» que los líderes políticos utilizan, que se «reflejan activamente en la ciudadanía y en los medios sociales».
«La clase política debe obrar con el ejemplo y actuar según el Código de Conducta Electoral que les obliga específicamente a condenar, evitar y tomar medidas para prevenir la violencia y la intimidación», alertó.
