A nadie gustan los bloqueos de casetas de peaje y cierre de carreteras. Permanecer diez o veinte horas en tu coche o en un transporte público, entre inmensas filas de vehículos, desesperados por llegar a su destino, es verdaderamente terrible.
Pasar la noche en medio de la nada, con niños, adultos mayores, algunos probablemente enfermos, entre el calor o el frío, quizás sin dinero, sin comida, sin agua, sin sanitarios, sin poder llegar a tiempo al trabajo u otros compromisos, resulta sumamente irritante.
Sin embargo, entre el coraje y desesperación, también es entendible la lucha de los campesinos, de los comuneros, ejidatarios, y pequeños y medianos productores de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, y motivados por ellos, los productores de otras 20 entidades de la República.
La protesta de los agricultores de Querétaro, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Morelos, etcétera, que cerraron hasta por cinco días, vialidades federales y estatales con tractores, trascabos, camionetas y trilladoras, permitiendo el paso libre en casetas de cobro, tiene una explicación: mientras ellos alimentan con sus productos a todos los mexicanos, en lugar de ser apoyados por los gobiernos, son sus víctimas.
En lugar de establecer programas de apoyo con créditos baratos para la siembra y cosecha de sus productos, de hacerlos más productivos con mejores técnicas, con maquinaria moderna, fertilizantes, insecticidas, y orientación en la búsqueda de mercados, prefieren su atraso para tener el pretexto para hacer negocio con la importación de productos básicos como maíz, frijol, arroz y trigo, de otros países.
En 2019, recién electo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acompañado por Víctor Manuel Villalobos, su Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en el primer evento para dar a conocer los programas de su gobierno, se comprometió a establecer precios de garantía justos, y comprarles la cosecha a los productores, para lograr la “autosuficiencia alimentaria”.
Sin embargo, López Obrador no cumplió el fijamiento del precio de garantía competitivo para el maíz, frijol, trigo y arroz, prefiriendo comprar estos granos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, afectando a muchos miles de agricultores mexicanos.
Cada año se importan 16 millones de toneladas de maíz blanco y transgénico, y se estima que en la temporada 2024-2025 la importación se eleve a 22 millones de toneladas.
Mientras los productores estadounidenses con apoyo de su gobierno producen entre 14 y 20 toneladas por hectárea de maíz, y un promedio de 9 toneladas de trigo por hectárea, con buenas variedades, prácticas de fertilización, manejo de plagas, uso de riego y alta tecnificación, los campesinos mexicanos, sin créditos ni apoyo del gobierno, apenas alcanzan un promedio de cinco toneladas por hectárea de maíz y 6.5 toneladas por hectárea de trigo.
Y según declaraciones de varios líderes de productores, en reunión con el Secretario de Sader, Julio Berdegué, para tratar el incremento del precio de cada tonelada de maíz, de 6 mil a 7 mil 200 pesos, y proponer este, un apoyo de 850 pesos para alcanzar apenas los 6 mil 850 pesos, los dueños de Maseca, Minsa y Bruman, al enterarse, inmediatamente les bajaron el precio de compra de 6 mil a 5 mil pesos por tonelada, convirtiendo nuevamente a cientos de miles de familias campesinas, en víctimas de estos voraces empresarios, con la contemplación y respaldo del gobierno. ¿Cómo impedir sus protestas?
