Legisladores del PRI, piden que se le dé sustento legal a la empresa “Gas Bienestar”, solicitud que va dirigida a la Secretaria de Energía y a la Procuraduría Federal del Consumidor, y que hagan un informe detallado para el congreso de la Unión, a efecto de conocer los beneficios y las repercusiones que esto tendrá en la economía y el sentir de la ciudadanía, pero también respecto a los beneficios que representa esta inversión del estado.
Mediante un Punto de Acuerdo presentado a la Comisión Permanente del Poder Legislativo, plantearon tres requerimientos en el análisis: La evolución del precio en el mercado a fin de determinar si existe un diferencial entre los precios de venta a las gaseras y al público; las acciones emprendidas para controlar y sancionar a las empresas gaseras que distorsionan el valor del producto, en detrimento del consumidor; y el estudio de mercado e impacto económico sobre el que se sustenta la creación de la nueva paraestatal.
Las y los diputados del GPPRI, recordaron que el 81 por ciento del gas que consumen los mexicanos es importado y su precio está determinado por el mercado internacional, pero en México, por el descuido institucional, el gas LP se ha encarecido drásticamente en más de 38 por ciento, desde 2018 hasta abril de 2021.
“Si queremos resolver el problema de fondo, evitar que las gaseras abusen, terminar con sus prácticas oligopólicas, la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Competencia Económica, no deben renunciar a su capacidad legal de regular el mercado y sancionar a las empresas que lo distorsionen contra los consumidores. Desde el inicio de la actual administración, se han relajado las medidas de investigación y sanción, privilegiando a las compañías involucradas”, sentenciaron.
Reiteraron la importancia de que el Gobierno federal asuma sus responsabilidades, en vez de intervenir como competidor directo en el mercado donde, por cierto, ya existen más de seis mil 500 permisionarios de gas LP.
