La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) ratificó su postura de mantener la denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Jorge Romero Herrera, líder del partido, respondió a los recientes señalamientos del Poder Ejecutivo Federal, argumentando que la acción legal busca justicia para las víctimas del crimen organizado en México.
El conflicto escaló luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificara de incongruente la actuación de la oposición. Ante esto, el PAN sostuvo que el recurso interpuesto en La Haya responde a la necesidad de una instancia independiente, fuera del alcance de las instituciones locales, para evaluar la estrategia de seguridad del sexenio anterior.
Según el documento presentado ante el organismo internacional, el partido opositor señala una presunta colaboración entre el Estado y grupos delictivos, lo que habría derivado en un aumento del control territorial por parte de los cárteles. Romero Herrera enfatizó que la denuncia incluye tanto al exmandatario como a diversas facciones del crimen organizado, bajo el argumento de que las omisiones institucionales permitieron actos de violencia sistemática.
La argumentación jurídica presentada por el PAN se basa en indicadores de violencia registrados entre 2018 y 2024. El partido expuso ante la Corte internacional los siguientes puntos como base de su reclamo:
- El registro de más de 200 mil homicidios dolosos durante el periodo referido.
- La cifra de 150 mil personas desaparecidas en territorio nacional.
- Casos documentados de reclutamiento forzado y desplazamiento de comunidades en diversas entidades.
- La presunta pérdida de soberanía en regiones específicas de Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán.
El dirigente panista cuestionó la postura del gobierno actual al señalar que, si no existen fundamentos en las acusaciones, no debería existir preocupación por el escrutinio de un tribunal internacional que se rige por estatutos independientes.
Este debate nacional tiene un eco particular en Querétaro, un estado que históricamente ha mantenido una línea de seguridad distinta a la política federal de «Abrazos, no balazos». Durante la administración estatal y las gestiones municipales, los liderazgos locales del PAN han defendido un modelo de orden y aplicación de la ley, marcando distancia con la estrategia que hoy es objeto de denuncia internacional.
En el pasado, diversos actores políticos queretanos han manifestado que la falta de coordinación federal y la permisividad con ciertos grupos han presionado las fronteras de los estados colindantes, obligando a Querétaro a reforzar sus límites para evitar el efecto de desbordamiento delictivo que se observa en otras latitudes.
La denuncia surge en un momento de tensión tras informes provenientes de Estados Unidos que vinculan a funcionarios de diversas entidades con investigaciones relacionadas con el narcotráfico. El PAN utiliza estos antecedentes para reforzar su tesis de que la inseguridad en México no es fortuita, sino el resultado de decisiones deliberadas.
Por su parte, el Gobierno de México mantiene su rechazo a estas acusaciones, considerándolas una herramienta de golpeteo político más que un recurso jurídico sólido. La Corte Penal Internacional deberá ahora evaluar si existen los elementos suficientes para abrir una investigación formal sobre los hechos narrados por la oposición mexicana.
