La semana pasada, la secretaria Buenrostro, encargada de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) —a quien el Gobierno Federal adjudicó lo que anteriormente era el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ahora como una simple dirección interna— hizo algunas declaraciones: la mitad verdaderas y la mitad entre mentiras y propaganda; hay que decirlo.
La Sra. Buenrostro dijo que “estaban obligados a investigar todos los casos de mal manejo de datos personales”; incluso mencionó que había “varias investigaciones abiertas, incluido el caso Telcel”, sin precisar cuántos casos ni su estatus.
Esta es una buena noticia, porque en el mundo vemos una tendencia de todos los gobiernos hacia el cuidado, protección, vigilancia y legislación de los datos personales. En alguna reunión con el ex comisionado presidente del INAI, se mencionó que “los datos y, en particular, los datos personales, eran el nuevo petróleo”; nada más cercano a la verdad. De hecho, países como Perú o Ecuador están rápidamente haciendo ajustes a sus leyes y creando organismos dedicados a atender este activo de los ciudadanos, mientras que en México se ha reducido el tamaño y la influencia del organismo garante a una simple dirección atada a los lineamientos de la secretaría que alberga a los responsables de esta labor estratégica.
Sin embargo, la Sra. Buenrostro, en esa misma declaración, dice falsamente que el INAI no hacía investigación ni denuncias. Falso: el INAI sí que las hacía, consta en sus reportes anuales. Que “guardaba los casos en un cajón hasta que prescribieran”; esto tendrá que demostrarlo si lo va a sostener, pero seguramente es una aseveración al calor de las declaraciones. Un reportero le pregunta si habrá responsabilidad de exfuncionarios; la Sra. Buenrostro no dice que sí o no.
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No es lo mismo, ahora hay un compromiso. Desde mi óptica, creo que esta segunda parte de sus declaraciones son innecesarias, por decir lo menos. El INAI tenía como parte de sus obligaciones crear materiales educativos, difundir la ley y su aplicación, certificar empresas y/o personas, alinear procesos, sancionar por oficio y por queja, y hacer alianza con la PROFECO para recibir denuncias y turnarlas al INAI; cada año reportaba la recaudación de multas que, por cierto, las cobraba el SAT. Incluso creó micrositios para niños y adolescentes para propiciar el cuidado de sus datos personales; había otro para que las personas morales y físicas hicieran su Aviso de Privacidad conforme a la ley en línea. Difundió seminarios y encuentros sectoriales para la aplicación de la ley con base en sus necesidades específicas y actividades económicas; y aunque el INAI no era perfecto y sí tenía muchas fallas, decir en una declaración de banqueta que “en todo el tiempo de su existencia no hizo nada” es denostar por ignorancia o por consigna un trabajo que fue bastante robusto.
A mi juicio, la declaración más importante son los hechos. Si al arribo de la SABG usted y yo nos sentimos más protegidos en nuestros datos personales —cosa que no se verá en un año—, entonces podemos decir que todo lo anterior quedó superado. Pero estamos a un año del relevo del INAI y aún no se ven cambios significativos, en parte por el relevo donde se desconoció todo lo anterior y en parte por la ideología política, que se contrapone entre la eficiencia y el discurso oficial. Las declaraciones de la titular de la SABG tienen un halo que nos recuerda que este año el Gobierno Federal deberá obtener 5.9 billones de pesos para hacer frente a sus responsabilidades, según la Ley de Ingresos 2026; y que nos digan que toda investigación se va por oficio suena a cacería de brujas. Esperemos que no sea así.
Como cada semana, le deseo buenos y prósperos negocios. Nos leemos en breve.
