Esta columna no pretende ser un elemento disidente, sino simplemente un espacio de análisis económico y de negocios. Sin embargo, los hechos acaecidos en las últimas semanas me obligan a hacer un breve, pero firme comentario sobre el clima que impera en nuestro país y que, tarde o temprano, también tiene efectos en lo económico y empresarial.
En México han muerto aproximadamente 87 alcaldes durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (diciembre de 2018 a septiembre de 2024). Aunque esta cifra puede incluir exalcaldes o candidatos, y no todos los casos están directamente vinculados al crimen organizado de manera confirmada, esta sigue siendo la principal línea de investigación en muchos de ellos.
Durante los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum (a partir de octubre de 2024), al menos 8 alcaldes en funciones han sido asesinados hasta junio de 2025.
La lista de presidentes municipales en funciones que han fallecido suma 10 casos en el periodo mencionado:
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Joaquín Martínez López – Presidente municipal de Chahuites, Oaxaca. Asesinado el 18 de marzo de 2024.
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Guillermo Torres – Presidente municipal de Churumuco, Michoacán. Asesinado el 30 de marzo de 2024.
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Edgar Noé Ramos – Presidente municipal de El Mante, Tamaulipas. Asesinado el 19 de abril de 2024.
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Mario Hernández García – Presidente municipal de Santiago Amoltepec, Oaxaca. Asesinado el 15 de mayo de 2025.
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Isaías Rojas Ramírez – Presidente municipal de Metlatonoc, Guerrero. Atacado el 2 de junio de 2025 y falleció en el hospital días después.
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Yolanda Sánchez Figueroa – Presidenta municipal de Cotija, Michoacán. Asesinada el 3 de junio de 2024.
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Salvador Bastida García – Presidente municipal de Tacámbaro, Michoacán. Asesinado el 6 de junio de 2025.
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Lilia Gema García Soto – Presidenta municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca. Asesinada el 15 de junio de 2025.
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Marta Laura Mendoza – Presidenta municipal de Tepalcatepec, Michoacán. Asesinada el 17 de junio de 2025.
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Alejandro Arcos Catalán – Presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero. Asumió a finales de septiembre de 2024 y fue asesinado el 6 de octubre de 2024.
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Román Ruiz Bojorquez – Presidente municipal de Candelaria Loxicha, Oaxaca. Asesinado el 15 de octubre de 2024.
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Jesús Franco – Presidente municipal de Tangancícuaro, San Luis Potosí. Asesinado el 15 de diciembre de 2024.
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Carlos Alberto Manzo Rodríguez – Presidente municipal de Uruapan, Michoacán. Asesinado el 2 de noviembre de 2025.
El Gobierno Federal ha creído que las declaraciones de la oposición son una afrenta por el hecho de que debe garantizar la seguridad de estas personas, que el poder del crimen organizado ha rebasado al del Estado y que en algunos estados de la República el Gobierno no tiene poder real. Sin embargo, estos comentarios —y en algunos casos reclamos— también provienen de Estados Unidos, la ONU y observadores de Derechos Humanos Internacionales. Valdría la pena un cambio de enfoque y comenzar a pasar a acciones contundentes en este sentido.
Max Weber define al Estado como “la organización que ha logrado el monopolio del uso legítimo de la fuerza física y de la coacción dentro de un territorio determinado”. La razón de esta definición es que el monopolio de la violencia es lo que distingue al Estado de otros grupos, pues le confiere la autoridad para hacer cumplir sus leyes y decisiones, incluso mediante la represión. La legitimidad es lo que permite que su dominio se mantenga en el tiempo.
Por lo tanto, podemos decir que en México, al menos en algunos estados, vivimos en un “Estado Fallido” e incluso que coexiste un “para-Estado” o Estado paralelo, que igualmente cobra derechos, impone reglas y ejerce la violencia, pero que no es el Estado legal.
Es una pena lo que sucede en México. Es demasiada sangre que no debería haberse derramado ni por negligencia ni por falta de aplicación de la ley, y mucho menos por ideología. El reclamo de protección, de acción judicial o militar en una zona para garantizar el Estado de Derecho no es una crítica, ni oposición, ni campaña; es apenas el reclamo lógico de los ciudadanos que pagan impuestos y observan las leyes.
La administración federal actual debe replantearse muchas cosas: desde el presupuesto destinado a la procuración de justicia, la investigación y el tratamiento de casos de crimen organizado, hasta las leyes —que son su especialidad— y la eficacia de los métodos, capacidades, organización y resultados de los órganos de justicia, desde los municipios hasta la milicia.
Una de las cosas que denunció Carlos Manzo en varias ocasiones fue el poder de fuego detectado entre las bandas que se ubican en esa zona, pero, de nuevo, nadie le hizo caso. Esa es la falla más grave del Estado legal: fue omiso, ignoró las solicitudes de apoyo y hoy sigue sumando muertos a la lista de quienes levantan la voz y señalan que sí hay solución, siempre y cuando haya voluntad política.
Todas mis oraciones para la familia Manzo; les deseo que encuentren la paz y resignación en estos momentos para continuar con sus vidas.
Para México, solo queda comenzar a pensar si queremos seguir por este camino o, con el poder que tenemos los ciudadanos en las urnas, hacer un cambio (de nuevo) para un mejor país.
¿Usted qué opina?
Nos leemos la próxima semana, con temas económicos.
