El mes pasado, el World Economic Forum (WEF) publicó en su portal un artículo llamado: “Aranceles, comercio y delitos financieros: qué deben hacer los bancos”, en el que resalta la importancia del sistema bancario como primer frente para el combate al lavado de dinero.
El artículo es muy interesante y se lo recomiendo. En un ejercicio de ocio, me puse a revisar cuál es la ruta que sigue el posible delincuente para acceder a empresas y lavar dinero a nivel internacional, pero claro, la realidad supera mis conjeturas.
Parte de lo que hay que entender es que el comercio internacional está siendo vulnerado por los políticos. La economía y la política son dos materias que deben coexistir en la práctica; sin embargo, sin un marco ético o una dirección clara de objetivos políticos, su relación se vuelve perniciosa, distorsionadora y frágil ante los embates del crimen organizado.
Por definición, la economía se encarga de la distribución de bienes escasos para usos múltiples, pero requiere un marco dotado por la política en forma de leyes y límites jurídicos; mientras que la política es la garantía de que esa estructura le brindará a la sociedad el marco legal de convivencia social.
Según el WEF, cada año se estima que entre el 2% y el 5% del PIB mundial —hasta 5.5 billones de dólares— se lava a nivel mundial. Pero esto no sucede solo por la pericia del crimen, sino porque los embates políticos a la estructura comercial internacional crean rupturas en diferentes partes de la actividad que acaban utilizando los delincuentes para insertar una práctica ilícita.
Hoy más que nunca vemos el comercio internacional —por la guerra en Ucrania primero y luego por la guerra EE. UU. vs. Irán— como parte del cisma que está dejando huecos administrativos, estructurales y operativos, mediante los cuales el lavado de dinero se convierte en una posibilidad.
Permítame poner un ejemplo: Imagine que su vecino produce quesos. Necesita leche, gasolina para llevar sus productos al estado contiguo y personal que cuesta dinero. Pero un político decide que cerrará el paso porque, precisamente, el estado contiguo no quiere ceder ante las demandas políticas de aquel. Literalmente esto a su vecino no le importa: lo que él busca es vender sus quesos. Entra al mercado interno, pero este no es suficiente para la infraestructura que ya tiene y, además, hay pedidos en el otro estado que debe surtir.
De la nada aparece un “empresario” con dinero, con dinero en efectivo. Lógicamente su vecino lo necesita para pagar insumos, costos y gastos; además, con ese ingreso podría buscar nuevas rutas para llevar sus productos, llegar a más clientes internos y quizás expandirse a otros estados donde no haya conflicto. El problema es que ahora tiene que pagar doble tributación: una al “empresario” que le inyectó dinero a su negocio y al recaudador de impuestos oficial del que, además, debe cuidarse (bueno, en realidad de ambos).
¿A dónde va la economía cuando los políticos hacen un trabajo basado en su ego y sed de poder, en vez de enfocarse en los votantes, las demandas reales de la sociedad, de la convivencia social y el desarrollo económico? El mercado no es malo por naturaleza; se distorsiona cuando no hay reglas claras, o las hay pero son cambiantes, o las hay pero están sesgadas, como en el caso de un Poder Judicial mal elegido.
El artículo del WEF dice que son los bancos el primer frente de combate al lavado de dinero, pero no es el delincuente el que va a una ventanilla; somos los que hacemos negocios quienes buscamos, al amparo de la legalidad, cómo lograr hacer negocios y sí, poco a poco nos falta liquidez cuando la estructura política falla.
¿Usted qué opina? Nos leemos la próxima semana.
Lavado de dinero y estructura comercial
